Los consellers investigados por los fondeos de s’Estany des Peix defienden la adjudicación
Alejandra Ferrer, Bartomeu Escandell, Rafael Ramírez y Paula Ferrer declaran como investigados en el juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza por supuesta prevaricación en el reparto de amarres en este espacio protegido
La expresidenta Alejandra Ferrer atiende a los periodistas acompañada por consellers del anterior equipo de gobierno. | TONI ESCOBAR / Isaac vaquer. eivissaI. Vaquer
La expresidenta del Consell de Formentera, Alejandra Ferrer, el exconseller Bartomeu Escandell (ambos de GxF); Rafael Ramírez, exvicepresidente, y Paula Ferrer, exconsellera de Recursos Humanos (los dos del PSOE), acudieron ayer a declarar en el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza como investigados en las diligencias previas por un presunto delito de prevaricación.
Las dos expresidentas, Ana Juan y Alejandra Ferrer, charlan a la salida del juzgado. | TONI ESCOBAR / Isaac vaquer. eivissaI. Vaquer
La investigación surge de la denuncia interpuesta por la Asociación de usuarios profesionales de s’Estany d’es Peix por la supuesta adjudicación irregular de amarres a embarcaciones que no cumplían con los requisitos establecidos en virtud del nuevo reglamento para ordenar el tráfico de embarcaciones en s’Estany des Peix, un espacio protegido situado junto a la Savina, el puerto de la isla.
Los investigados estuvieron acompañados por algunos consellers del anterior equipo de gobierno tanto de PSOE como de GxF, entre ellos Ana Juan, expresidenta del Consell; Rafael González, exconseller de Movilidad o Josep Marí, exconseller de Interior.
Quien no asistió fue el abogado de la parte que presentó la querella, la Asociación de usuarios profesionales de s’Estany d’es Peix. Sí lo hizo en su representación el procurador, que presentó por escrito las preguntas remitidas por el despacho de abogados. Las cuestiones fueron planteadas ante la jueza pero no se hicieron a los investigados durante la vista.
Críticas a la incomparecencia
Alejandra Ferrer criticó tras salir de los juzgados que la parte acusadora «no se haya dignado ni a venir a defender su denuncia» contra los consellers que aprobaron el listado de adjudicatarios de puntos de amarre y fondeo en junta de gobierno. Defendió el procedimiento por el que están siendo investigados, en el que se aprobó un listado provisional «con unos informes técnicos y jurídicos favorables» cumpliendo con su labor administrativa.
Recordó además que este procedimiento se llevó a cabo para garantizar la protección de un espacio protegido por el que el anterior equipo de gobierno «luchó mucho y por el que alcanzó convenios con el Govern balear».
Desde el despacho de abogados que representa a la Asociación de usuarios profesionales de s’Estany des Peix indicaron que en la vista para la declaración de los investigados se optó por un «perfil bajo». El objetivo de esta decisión sería mostrar que «no existe un interés político en el procedimiento, sino únicamente la defensa objetiva de los intereses de los empresarios de s’Estany des Peix». Apuntaron que en estas vistas no se suele contestar a la parte acusadora y añadieron que el asunto se sigue también en la vía concenciosa ante la «decisión arbitraria» de la Administración representada por los investigados.
Desde su punto de vista, ha habido una «conducta agresiva» contra las embarcaciones de recreo con ánimo de lucro que operan en este espacio protegido, que se han dejado de lado los principios de objetividad y proporcionalidad y que se ha permitido la navegación de otras clases que embarcaciones que provocan el mismo impacto en este espacio natural. Insistieron en que la asociación está a favor de la ordenación del fondeo en la laguna salada, «pero que no se haga de forma discriminatoria».
La expresidenta confía en que «todo quede en esta visita a los juzgados», en la que defendieron que no existe ningún indicio de prevaricación. Y añadió que, si alguien consideraba que algo no se hizo bien en la elaboración del reglamento del uso de la laguna o en la adjudicación de amarres, la vía adecuada era la presentación de un recurso contencioso administrativo en el Consell y no una querella, que considera un ataque «personal».
Por otra parte, puso en duda la legitimidad de la parte acusadora para presentar una querella cuando «se trata de una asociación de empresarios que está realizando actividades ilícitas en s’Estany des Peix».
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