La huelga de funcionarios judiciales obligará en Ibiza a aplazar actos procesales hasta dos años, según CSIF

La huelga nacional de funcionarios de Justicia ha pasado este lunes a ser indefinida. En Ibiza, las paralizaciones comportarán “suspensiones que se pueden señalar a dos años vista”, ha augurado Juan Nieto, presidente en Baleares del sindicato CSIF, en una concentración este lunes frente a los juzgados de la plaza de sa Graduada a la que acudió Sabino Aramburu, también de CSIF, y tres de los huelguistas.

Nieto ha calculado que las protestas conllevarán la suspensión diaria de “centenares de actuaciones”. Se trata de “actuaciones ordinarias, declaraciones, testificales, pruebas, vistas que no vengan recogidas en la orden de los servicios esenciales...”. En suma, el representante sindical augura un “caos” judicial como consecuencia de la huelga en las Pitiusas, cuya Administración de Justicia es "un auténtico desastre", en palabras de Nieto. “Únicamente se van a realizar los servicios esenciales”, ha recordado.

«La huelga de funcionarios judiciales va a provocar en Ibiza un daño que se tardará en reparar»

El presidente autonómico de CSIF considera que “el único responsable” de todos estos perjuicios a la ciudadanía es el gobierno, y ha reprochado la actitud del Ministerio de Justicia. “La ministra de Justicia, Pilar Llop, no ha tenido a bien convocarnos”, ha lamentado. Y ha señalado, en dos momentos distintos de su declaración, sendos agravios comparativos. Uno, el del “principio de acuerdo” alcanzado cuando “asociaciones de jueces y fiscales amenazaron con emprender una huelga”. El otro, el acuerdo alcanzado con los letrados de la Administración de Justicia, sector profesional que también organizó paros este año. Sobre este, ha apuntado incluso que la actual huelga es “consecuencia de esas movilizaciones”. 

El presidente autonómico de CSIF ha señalado que la adhesión a la huelga las últimas semanas -cuando todavía no era indefinida, pero se establecieron paros durante tres días a la semana- se ha situado en torno a los dos tercios de la plantilla de funcionarios, que en el ámbito nacional suponen el 93% de la Administración de Justicia.

Por el momento, la huelga se prolongará sine die. “Empieza hoy. No sabemos cuándo va a finalizar. En el año 2008 pasó algo parecido y pasaron 62 días”, ha advertido Nieto. “Vamos a hacer un sacrificio para que la Administración sea consecuente con las reclamaciones que venimos haciendo. Que cada palo aguante su vela”, ha sentenciado.

Las demandas de los convocantes (CCOO, STAJ, UGT y el propio CSIF) se centran en la negociación de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa (LOEO) y en la exigencia de un aumento retributivo materializado a través del incremento del Complemento General del Puesto, con reclamaciones de actualización salarial que varían en función de la categoría profesional, pero que en cualquier caso oscilan en torno a los 400 euros de subida.

La necesidad de este aumento se funda, esgrimen los reclamantes, en que asumen funciones que no les corresponden. Por tanto, ha indicado Nieto, se trata de “reconocer las funciones que venimos haciendo”.

Sobre la confección de la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa, ha sido tajante. “Se está haciendo a espaldas de las organizaciones sindicales”, ha declarado, a pesar de que “implica un cambio importante en el sistema de funcionamiento de la Administración de Justicia”, ha manifestado.

A nivel nacional, “se pueden haber suspendido del orden de un millón de actuaciones en todo el territorio y centenares de miles de vistas”, ha destacado. "Confiamos en que la administración sea consecuente con esta huelga y nos emplace en breve para negociar", ha dicho.

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