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vivienda u empadronamiento

Se ofrece habitación en Ibiza: 400 euros, 600 con empadronamiento

La mayoría de los caseros se niegan a facilitar la documentación necesaria para acceder al padrón

Una bata colgada en la sede de Metges del Món de Ibiza. Toni Escobar

«Es muy complicado acceder al derecho del padrón y esto ha provocado toda una mafia de gente que se está lucrando», afirma Rocío López, coordinadora de Metges del Món en las Pitiusas. «El derecho a empadronarse se vende», continúa antes de explicar que comenzaron a detectar esta situación «el año pasado». Personas, relata, a las que les subían entre 50 y 200 euros al mes el alquiler a cambio de facilitarles el empadronamiento en esa vivienda. «Personas a las que les decían que les cobraban 400 euros al mes por una habitación, pero 600 por dejarles empadronarse en la vivienda», narra.

También, explica la responsable de la entidad en las Pitiusas, les llegaron casos, y no aislados, de otros inquilinos a los que les exigían «un pago único» a cambio de facilitarles la documentación para el trámite. «Les cobraban, igual, 300 euros», indica López, que señala que «muchas personas», ante la desesperación de no poder empadronarse, les reconocieron haber aceptado estos pagos. «Tenemos el caso de una mujer brasileña en Sant Joan, pero también nos han llegado otros de los demás municipios, Sant Antoni, Santa Eulària, Sant Josep y, por supuesto, Vila, donde la situación es tremenda», señala la coordinadora de Metges del Món en las Pitiusas, que detalla que el 60% de las más de medio centenar de vulneraciones de derechos de empadronamiento que les han llegado «están pendientes de resolverse».

Entre estas personas a las que les ha costado empadronarse, si lo han llegado a conseguir, se encuentran dos hombres que, a finales de 2021, acudieron a las oficinas municipales de Sant Jordi con la intención de empadronarse en la infravivienda en la que se alojaban. Una «casita de herramientas», detalla la entidad en su memoria, en la que el propietario que se la está alquilando se niega a facilitarles la documentación necesaria para cumplimentar el trámite. En plena Navidad de 2021 una mujer en situación de prostitución, residente en un «piso prostituidor», lo intentó en la oficina municipal del Eixample de Vila y jamás llegó a solucionarlo. Lo mismo que otra mujer, explotada sexualmente en un piso en el que la persona que lo gestiona no la deja empadronarse. «Justo después de pedir cita policial fue Ucrif (unidad que se encarga de los delitos relacionados con el tráfico de personas y la inmigración irregular) a su domicilio y le dieron cita policial en materia de extranjería», relata el informe sobre este caso, que continúa: «Ella acudió a la cita con una abogada privada a su cargo evitando la carta de expulsión. Pero cambió de piso y no quiere interesarse más por el padrón por vía policial. Prefiere seguir empadronada por una entidad social que la apoyó en Barcelona». Una compañera, que a principios de 2022 vivía en el mismo piso en el que la explotaban sexualmente, optó por pagar a cambio de que la dejasen empadronarse en la vivienda.

Una barrera «muy heavy»

«Estar empadronado es la primera barrera de acceso a servicios. Si quieres tramitar la tarjeta sanitaria el primer documento que te piden en el centro de salud es el certificado de empadronamiento. Para cualquier ayuda social necesitas justificar que estás empadronado», indica la coordinadora. «La renta social garantizada que ofrece el Govern, por ejemplo, si no estás empadronado no te la conceden. Si eres migrante y quieres optar el arraigo social lo primero que te piden es demostrar que llevas tres años viviendo aquí, ¿cómo? Con el padrón», añade. «Es una barrera muy heavy», señala.

Uno de los casos más sangrantes que llegó el año pasado a Metges del Món es el de una mujer y su hija, menor de edad, que estaban viviendo en un local comercial, una «infravivienda», la define el informe, en el municipio de Ibiza. «El servicio municipal pone muchas dificultades. Madre e hija precisan de acompañamiento para la gestión del padrón, que resulta ser largo y entorpecedor por parte de la administración pública a pesar de que la menor está pendiente de escolarización», detalla la entidad, que recalca que este caso se solventó tras varios meses con un «empadronamiento de oficio». Otra situación complicada a la que se enfrentaron el año pasado fue la de una mujer con dos hijos que tuvo problemas para hacer este trámite en dos ocasiones consecutivas. La primera de ellas, en las dependencias municipales de sa Riba, donde en abril de 2022 les exigen la documentación de la propietaria de la vivienda que tienen alquilada, unos papeles que ésta se niega a entregarles. Tras vivir un desahucio, la familia encuentra un alquiler de verano en el municipio de Sant Josep donde tampoco pueden empadronarse. De hecho, este caso no se ha resuelto aún, recalcan desde la entidad.

Por las mismas fechas, una mujer intentó empadronarse en una habitación realquilada. Al no tener documentación que acreditara que vivía ahí, la joven confesó a la entidad su «miedo» a solicitar que fuera la policía quien constatara su residencia por si esto provocaba que la echaran del piso.

Algunas historias dan auténtico pavor. Un joven en situación irregular explica a las técnicas de Metges del Món que comparte piso con otras entre diez y quince personas, todas ellas sin papeles. Algo parecido al horror que relata una mujer que en mayo del año pasado pagaba 500 euros al mes por una habitación compartida en la que se alojaban ella y su hija, menor de edad. Un piso ubicado en ses Païsses, detalla Metges del Món, que explica que con ellas vivían siete personas más a las que expulsaron en noviembre del año pasado. Una mujer y su madre pagan 300 euros (150 euros cada una) para dormir en el salón de una «amiga» que, para más inri, no las deja empadronarse, un trámite que sólo consiguen siete meses más tarde, cuando consiguen otra vivienda donde, aunque realquiladas, las dejan empadronarse. «Es muy duro», concluye López.

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