Multa de 2,4 millones y orden de demolición de unas obras ilegales en una mansión de Ibiza

El Consell de Ibiza ha iniciado el expediente sancionador por infracción urbanística de más de 2,4 millones y de restablecimiento de la disciplina urbanística contra los promotores de unas obras ilegales en una mansión de es Cubells, en el municipio de Sant Josep, según informa en una nota la institución insular. Además, el Consell ha remitido todas las actuaciones a la Fiscalía de Ibiza por si estos hechos fueran constitutivos de delito.

Las actuaciones ejecutadas por cada uno de los responsables de estas obras ilegales se valoran en una sanción global de más de 2,4 millones de euros, aunque el propietario y promotor de las obras y el constructor se enfrentan a las sanciones más elevadas de las previstas, con 1,2 millones de euros y 1,04 millones de euros respectivamente, destaca la nota.

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Además de la propuesta de sanción, el expediente recoge el inicio del procedimiento de demolición y de restablecimiento de la legalidad de una serie de construcciones, 19 en total, que incluyen la reforma integral de la vivienda (ocupando una superficie de 360 m²), dos anexas de nueva planta de 50 m² y 18 m² respectivamente, cinco cenadores de nueva planta (dos con 38 m², y las tres restantes con 45 m², 20 m² y 75 m²), cuatro porches de nueva planta (con 5 m², 6 m², 40 m² y 16 m²); piscina de nueva planta de 60 m², escalera de acceso a la costa con una longitud de 100 metros, una plataforma de nueva planta de 60 m², una planta primera de nueva planta de 8 m², la demolición de un muro de bloque de hormigón de contención de tierras, y reforma parcial de la vivienda en ejecución en la zona de la habitación principal y el salón.

A lo largo de esta legislatura, el departamento de Gestión del Territorio ha conseguido que se derriben cinco construcciones ilegales (una vivienda a Cala d'Hort, una vivienda en Corona, dos construcciones tipos yurta en ANEI y una instalación en la costa) y ha remitido a Fiscalía seis denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en suelo protegido que, además de su correspondiente sanción, desde el Departamento de Gestión del Territorio se recuerda que estos hechos pueden contar penas de hasta cuatro años de prisión.

El conseller del Departamento de Gestión del Territorio, Mariano Juan, ha querido remarcar la propuesta de sanción dirigida en este caso también a los constructores, además del promotor de la obra, “porque tienen el deber de comprobar que el promotor de los trabajos a ejecutar ha pedido la preceptiva licencia”.