El promotor del hospital privado de Jesús formalizó y protocolizó ante notario el acta de replanteo e inicio de las obras el pasado 7 de noviembre, un día antes de que expirase el plazo de validez de la declaración de impacto ambiental favorable obtenida en julio de 2010. Se da la circunstancia de que entonces el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas no había retirado la licencia integrada de obras y actividad aprobada por la junta de gobierno de Santa Eulària el pasado 28 de octubre. De hecho, ayer todavía no la había retirado, según fuentes municipales. Para hacerlo, el promotor (tiene un plazo máximo de dos meses) debe abonar el Impuesto de Construcciones y Obras (ICO), que, en este caso, ronda los dos millones de euros.
Por su parte, el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, que se opone a la ejecución de este segundo hospital privado en la isla, presentó en el Consell de Ibiza el pasado día 10 un escrito con un acta de presencia notarial acompañada de fotografías protocolizadas para acreditar «la total inactividad en la finca» y que, por tanto, no se habían iniciado las obras. La única actividad que ha habido en este extenso solar, situado junto al campo de fútbol de Jesús, se produjo entre junio y octubre para acometer la excavación arqueológica, que aún no se ha completado, al amparo de otra licencia exclusivamente para esto otorgada por el Consistorio.
El Ayuntamiento de Santa Eulària remitió todos estos documentos a la conselleria balear de Medio Ambiente para que aclarase si la declaración de impacto ambiental favorable sigue vigente. En respuesta a esta solicitud, la conselleria ha emitido un informe en el que deja en manos del Consell de Ibiza determinar si antes del pasado 8 de noviembre se inició la ejecución del proyecto y, con ello, si la declaración de impacto ambiental favorable aún es válida.
Competencia del Consell
Medio Ambiente justifica, en su informe, que el Consell es el órgano sustantivo por ser la Administración que le remitió la documentación del expediente de la declaración de interés general del hospital para la emisión del preceptivo informe ambiental. Por ello, según la ley balear de evaluación de impacto ambiental, el Consell tiene «las competencias de disciplina ambiental»; es decir, «la vigilancia, seguimiento, caducidad o modificación», así como «el régimen de sanciones y la suspensión de la ejecución del proyecto y otras medidas cautelares».
La Comisión de Medio Ambiente de Balears ya advirtió al promotor de que si antes del 8 de noviembre no había comenzado la ejecución del proyecto o la actividad, la evaluación de impacto ambiental favorable, en cumplimiento de la normativa balear, dejaría de ser válida y se debería tramitar una nueva.
Superado el plazo y tras constatar con un notario que no se han iniciado las obras, Francisco Vilás ha remitido reiterados escritos tanto al Ayuntamiento como al Consell y la conselleria de Medio Ambiente, advirtiendo de que se debe dar por extinguida la validez de la evaluación de impacto ambiental y, por ello, la licencia de obras no se puede ejecutar.
