Los servicios técnicos del Ayuntamiento de Santa Eulària ya han informado favorablemente a la concesión de las licencias de obras y actividad del hospital privado que promueve en Jesús el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas, siempre y cuando la dirección general de Recursos Hídricos de la conselleria balear de Medio Ambiente emita un informe favorable debido a que el proyecto afecta a una zona de policía de torrentes.
El Consistorio también requiere al promotor la presentación de una memoria o anexo del estudio de movilidad que analice la incidencia de la última documentación técnica del proyecto aportada. Hay que tener en cuenta, en este sentido, que el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, advirtió al Ayuntamiento y al Consell de que el estudio de movilidad está desfasado porque es anterior a la quinta versión del proyecto del hospital, en la que se incrementa la plantilla de personal del centro.
Por todo ello, la junta de gobierno de Santa Eulària ya ha resuelto «dejar sobre la mesa» la concesión de los permisos del segundo hospital privado de la isla a la espera de que Recursos Hídricos emita su informe, que es preceptivo y vinculante, y de que el promotor aporte la documentación adicional del estudio de movilidad.
Sin embargo, a pesar de que ya parece que el promotor tiene expedito el camino para obtener la licencia del hospital cuya tramitación se inició hace más de 12 años, el tiempo corre en su contra. Si antes del próximo 8 de noviembre, en menos de un mes, no obtiene la licencia y se empiezan las obras, la declaración de impacto ambiental aprobada en 2010 ya no será válida, por lo que el empresario Tur Viñas se verá obligado a volver a la casilla de salida y empezar de nuevo toda la tramitación ambiental del proyecto, con una normativa más exigente que la de 2010.
El texto refundido de la ley 12/2016 de evaluación ambiental de las Illes Balears recoge que las declaraciones de impacto ambiental publicadas con anterioridad a la entrada en vigor de esta norma «pierden la vigencia y cesan en la producción de los efectos propios si no se ha comenzado la ejecución del proyecto o la actividad en el plazo máximo de seis años desde su entrada en vigor». En ese caso, el promotor, especifica la normativa, «deberá iniciar de nuevo el trámite de evaluación ambiental» conforme a lo que determina la ley en vigor.
Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera, la empresa promotora del proyecto de Tur Viñas, obtuvo la declaración de impacto ambiental favorable, con una serie de condiciones, en julio de 2010, antes de que entrara en vigor la ley de evaluación ambiental de Balears. Al no haber obtenido el permiso y, por tanto, no haber iniciado las obras, la declaración de impacto ambiental caducaba, inicialmente, el pasado 21 de agosto.
Prórroga de 79 días por el covid
No obstante, el promotor alegó su derecho a que se ampliara el período por la suspensión de plazos administrativos que decretó el Gobierno durante el estado de alarma por el covid, en concreto entre el 14 de marzo hasta el 1 de junio de 2020: 79 días naturales. Por ello, el jefe de departamento de Evaluaciones Ambientales de la conselleria de Medio Ambiente emitió el pasado 9 de agosto un informe en el que confirmaba que se debía aplicar esta ampliación del plazo, que ahora finaliza el 8 de noviembre.
Precisamente, el acuerdo adoptado por la junta de gobierno de Santa Eulària el pasado día 5 también incluye una petición para que la Comisión de Medio Ambiente de Balears «confirme» la ampliación de este plazo. La junta de gobierno también desestimó las alegaciones presentadas por Francisco Vilás y el recurso de reposición contra el acuerdo desestimatorio de sus solicitudes de suspensión del procedimiento administrativo para la concesión de las licencias.
Condiciones que cumplir
El informe técnico en el que se desestiman las alegaciones de Vilás indica diversas cuestiones que el promotor debe cumplir, pero no se especifican en la propuesta de resolución final, como la presentación del estudio básico de seguridad y salud, que es «un requisito necesario para la expedición de la licencia». También se precisa de la autorización previa de la conselleria de Salud y Consumo antes de la obtención del permiso municipal de actividad. En el informe se apunta que el proyecto cuenta con un autorización previa para las obra de construcción del director general de Evaluación y Acreditación, dependiente de la sección de centros y servicios sanitarios con fecha de mayo de 2011, pero desde entonces se han presentado hasta cuatro versiones más con cambios del proyecto. Vilás también presentó un amplio informe encargado a un consultora en la que se refleja un cúmulo de deficiencias en las cuestiones sanitarias del proyecto.
Asimismo, el informe técnico sí da la razón a Vilás en el hecho de que el presupuesto del proyecto, según el promotor, de 25,5 millones de euros, está por debajo del coste real y que «deberá ser actualizado de acuerdo al módulo del Colegio de Arquitectos vigente». El promotor debe pagar al Ayuntamiento el 10% del presupuesto para la obtención de la licencia.
