La alcaldesa de Santa Eulària, Carmen Ferrer, califica de «sorprendente» la «presión» que el propietario de la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, Francisco Vilás, ejerce sobre el equipo de gobierno y los técnicos del Ayuntamiento para tratar de impedir que se concedan las licencias de construcción y actividad para el complejo hospitalario privado que el empresario farmacéutico Juan Tur Viñas proyecta en Jesús, junto al campo de fútbol.
Tras el archivo de la querella de Vilás contra la alcaldesa por presuntamente favorecer la tramitación del que sería el segundo hospital privado de la isla, Ferrer asegura que «la presión es evidente», pero «no para hacer algo que no corresponda». «No es tanta la presión que sentimos como la que ejerce. No nos sentimos presionados sino obligados a hacer las cosas, como siempre, lo mejor posible», afirma Ferrer, que considera que habría que «reflexionar» sobre si «una institución y sus técnicos se han de ver presionados con los escritos [de Vilás] sólo por hacer su trabajo».
El archivo da «seguridad»
En este sentido, Ferrer destaca que el archivo de la querella del propietario de la Policlínica, además justo una semana después de que la alcaldesa declarara ante la jueza, supone «un respaldo» y «seguridad» para el trabajo que está haciendo el Ayuntamiento. Además, valora «la contundencia» con la que se ha pronunciado la jueza. El auto de archivo afirma que no se puede sustituir la jurisdicción administrativa, en su labor de control de la legalidad de la actuación de la Administración, por la penal a través del delito de prevaricación y que para «salvaguardar los derechos de los implicados, no se debe alargar innecesariamente» el proceso judicial.
La alcaldesa apunta que, en este caso, «se mezclan cosas» por parte del querellante con «la voluntad de querer apuntar al político como el causante cuando se trata de un tema [la tramitación de la solicitud de licencias para el hospital] puramente administrativo». «Está muy reglado», recalca Ferrer, que recuerda que, cuando Vilás presentó la querella se consultó en el juzgado si se podía seguir adelante con el proceso administrativo, «y la respuesta fue absolutamente sí».
Al ser preguntada sobre cómo se explica que hayan transcurrido tantos años desde que, en agosto de 2010, se obtuvo la declaración de interés general para este proyecto sin que se hayan resuelto las solicitudes de licencia, la alcaldesa responde que se trata de «un procedimiento muy complicado». «El proceso lo cogí en 2019 y no puedo decir qué pasó antes, pero hay un tema muy evidente que es la voluntad del promotor de continuar con la tramitación», afirma Ferrer, en referencia al hecho de que, legalmente, según el criterio de los técnicos, no se pueda declarar la caducidad del expediente.
Sin entrar en detalles del expediente que asegura desconocer, la alcaldesa destaca que «se han dado todos los pasos que tocan en un proceso reglado» en el que los políticos no deciden, y en el que participan también otras administraciones. De hecho, ya se ha entrado «en la recta final» y cuando la dirección general de Recursos Hídricos, que ya ha sometido el proyecto a exposición pública, se pronuncie, el Consistorio ya tendrá todos los elementos para resolver si concede o no las licencias. Ferrer prevé que se decida antes de que acabe este mandato.
