‘Closing party’ en Casa Lola

En realidad, las obras habían comenzado unos años antes. Los vecinos de la zona, desquiciados por las fiestas nocturnas y los ruidos incesantes que se producían en un área tranquila con casas de residentes, ya no sabían qué hacer. La publicación de las características del complejo Casa Lola en este diario incrementaban la indignación social, al conocerse el descaro e impunidad con que Sánchez Ordóñez vulneraba todas las normativas y construía literalmente lo que le daba la gana, publicitándolo además en las redes sociales y en páginas web.

Ya en agosto de 2011 el alcalde Josep Marí Ribas, Agustinet, (PSOE) había firmado una orden de derribo de las obras allí realizadas, pero esa orden quedó en nada; poco después fue depuesto en el cargo por una moción de censura de la derecha. El siguiente concejal de Urbanismo, Javier Marí (PP), a raíz de las denuncias públicas, se vio obligado a reabrir el expediente (era uno nuevo, en realidad), pero pocos creían que fuera a terminar en algo. De hecho, las órdenes de paralización eran incumplidas sistemáticamente, incluyendo el precinto de las puertas de acceso ejecutado por la Policía Local y la Guardia Civil. Fue denunciada ante el juzgado por desobediencia a la autoridad, pero nunca más se supo de dicha denuncia.

Complejo turístico ilegal

El complejo turístico carecía de cualquier permiso de la conselleria de Turismo, pero la entonces consellera insular, Carmen Ferrer, actual alcaldesa de Santa Eulària, no consiguió nunca paralizar la actividad, pese a su manifiesta ilegalidad. De hecho, tampoco lo hizo ninguno de sus sucesores, ni del PSOE ni del PP. En estas condiciones, todo presagiaba que nos hallábamos ante una de tantísimas obras ilegales que terminaría siendo asumida como inevitable en la isla. Y, sin embargo, no fue así.

La razón de que finalmente hayan entrado las máquinas en Casa Lola para derribarla radica, sencillamente, en la determinación demostrada por el Ayuntamiento, al menos desde que la infracción saltó a la luz pública en 2013, para hacer cumplir las sanciones impuestas y la orden de derribo decretada en su día. Y es que, en este caso, no ha habido grupos ecologistas empujando a los gobernantes municipales para que siguieran adelante, como sucedió en Can Cretu (Sant Antoni) o en la casa del Puig d’en Serra, también en Sant Josep, pocos años antes. El derribo de Casa Lola es mérito del Ayuntamiento, que por una vez en la vida ha logrado terminar un expediente de demolición de una vivienda ilegal (no un simple muro) hasta sus últimas consecuencias. Josep Marí Ribas y Ángel Luis Guerrero se han sucedido al frente del Ayuntamiento sin caer en la tentación de ‘dejar morir’ el caso, como durante décadas ha sido inveterada costumbre municipal.

El complejo ha logrado funcionar durante todos estos años gracias a la lentitud burocrática propia de la Administración, que a menudo otorga más derechos a los infractores que a sus víctimas. Sin embargo, el proceso sancionador seguía adelante de forma inexorable y, por parte del Ayuntamiento, estuvo culminado en poco tiempo. El resultado: se debía derribar la totalidad de lo construido (1.833 metros cuadrados, incluyendo construcciones, piscinas, anexos, terrazas cubiertas y descubiertas, y otras estructuras) y la propietaria debía abonar una multa de 1,4 millones de euros. A esa cifra hay que añadir el coste del derribo (más de 300.000 euros adelantados por el Consistorio) y algún pico más. En resumen, una clara demostración de la gran fuente de ingresos que podría tener el Ayuntamiento si siguiera el mismo ejemplo con todas las demás obras ilegales de Sant Josep, o al menos, con las principales.

Pero, para cuando un ayuntamiento culmina un expediente sancionador, entran luego en acción los recursos en los tribunales, eficaz freno para la piqueta municipal. Y así fue. Nada más aprobarse la orden de derribo, se inició la consiguiente batalla judicial que se ha alargado durante siete u ocho años.

Entretanto, sucedieron cosas. Paquita Sánchez Ordóñez, amiga de las altas esferas nacionales del PP, se encontraba disfrutando de una fiesta en una discoteca de Ibiza en verano de 2013. Entonces, casi sin darse cuenta, se encontró con que agentes de la Guardia Civil le colocaban dos aros metálicos en las muñecas, que no eran precisamente joyería de lujo. Esposada, perpleja e indignada, Sánchez Ordóñez pasó directamente de la pista de baile al calabozo. Pero el caso no tenía nada que ver con Casa Lola. Se trataba de otra de sus ‘habilidades’ económicas, perpetrada en el pasado en Málaga, cuando había defraudado a Hacienda 867.000 euros, lo que le llevaba ahora a la cárcel durante aproximadamente un año.

Al salir de prisión, no encontró mejor forma de rehabilitar su conducta y reparar su oscura trayectoria que iniciar un nuevo complejo turístico ilegal, esta vez llamada Casa Paola. El expediente sancionador por esa otra infracción, por cierto, va corriendo en paralelo al de Casa Lola, pues son muy similares.

Esta mujer, que se considera a sí misma una abnegada emprendedora con una carrera llena de sacrificios, fue luego juzgada, en 2018 junto a su hija, Rocío Martín, por incumplir las leyes laborales en el personal contratado en sus complejos turísticos. Finalmente, ambas aceptaron una condena de seis meses de prisión por tener a sus trabajadores desprovistos de la documentación necesaria.

Inasequible al desaliento, los tentáculos de Sánchez Ordóñez se van propagando rápidamente por toda la isla, donde cada vez acumula más propiedades y donde va dejando un reguero de problemas y conflictos, fiel a su estilo. Mientras tanto, la batalla en los juzgados por Casa Lola ha sido ganada por el Ayuntamiento en los últimos años. Una a una, todas las instancias judiciales han dado la razón a la orden de derribo del Consistorio, aunque los abogados de la especuladora malagueña se han esforzado por agotar todas las artimañas previstas en la ley por evitar el desenlace o, al menos, retrasarlo. Todas ellas han sido rechazadas, al ser consideradas por los tribunales como lo que realmente son: simples argucias para eludir el cumplimiento de la ley.

Finalmente, y dado que el Ayuntamiento no ha soltado nunca el hueso que tenía entre dientes, sino que se ha empeñado en culminar el proceso, las excavadoras han traspasado las puertas de Casa Lola sin necesidad de llamar al timbre. Y luego harán el resto. Lo más importante es que, ahora, ya conocen el camino para otras Casas Lolas.