La orden judicial solo permitía el acceso a Casa Lola a las fuerzas de seguridad, los operarios de la empresa de derribo y técnicos y representantes municipales, así que la prensa debía esperar a pocos metros de la entrada al recinto. Allí debía atenderles el alcalde, Ángel Luis Guerrero, en un principio a las diez de la mañana, una hora después pero las declaraciones se demoraron a las once y media. Guerrero se excusó con insistencia, pero era evidente que la situación en el interior del complejo había superado todas sus previsiones.
«Nos hemos encontrado unas 70 personas», detalló, asombrado. La gran mayoría eran turistas que informaron de que habían pagado por pasar sus vacaciones y se toparon con un dispositivo policial que les obligaba a desalojar el lugar. «Es el modus operandi de esta persona [Paquita Sánchez Marsan, la propietaria de Casa Lola], que ha estado estafando a la gente hasta el último día», lamentó.
"Venimos a disfrutar, hemos estado de fiesta hasta las seis de la madrugada y a las diez nos han despertado para sacarnos"
Los primeros en abandonar el recinto fue un grupo de 18 mexicanos que llegaron a Ibiza dos días antes. «Venimos a disfrutar, hemos estado de fiesta hasta las seis de la madrugada y a las diez nos han despertado para sacarnos de los cuartos», informaba uno de ellos, que desconocía por completo que se iba a desarrollar este dispositivo policial.
Desalojados
Este joven también detalló que uno de sus compañeros fue detenido por resistirse a la autoridad (al igual que dos de los trabajadores de Casa Lola) «porque creía que le estaban secuestrando». Otro de los turistas comentó que habían pagado dos mil euros por cabeza para pernoctar durante 15 días en este recinto. Todos ellos debían buscarse un nuevo alojamiento y se dirigieron a la carretera con sus maletas, donde acudió algún coche para ir recogiéndolos.
El alcalde detalló que, en las actas policiales, varios turistas detallaron cuánto habían abonado por su estancia, pero se negó a facilitar ese dato. «Lo primero que deben hacer estas personas es denunciar a la Policía Local o a la Guardia Civil», insistió.
Además, el Ayuntamiento presentará toda la documentación a la Fiscalía para que actúe ante una posible estafa a todas las personas desalojadas. En este sentido, el acalle tuvo un reproche hacia el Consell de Ibiza por no haber enviado ayer inspectores de turismo a Casa Lola que pudieran levantar acta de la actividad turística ilegal que se estaba llevando a cabo en este complejo.
Guerrero también detalló que, entre los clientes afectados, se encontraba una familia de origen asiático de hasta 30 miembros, entre ellos varios menores y algún bebé. «Entraron el lunes y solo hacía cuatro días que la habían reservado, así que pensamos que estamos en un posible caso de estafa».
Doce años de espera
El alcalde no ocultaba su satisfacción por el fin de la impunidad en Casa Lola, que lleva de cabeza al Ayuntamiento de Sant Josep desde hace más de doce años y que puede suponer una sanción final de 1,4 millones de euros. Tras lamentar las críticas recibidas en todo este tiempo «porque parecía que no hacíamos nada», insistió en que el Consistorio cumplió con su deber en todo momento. «Los expedientes se resolvieron en su momento [2010 y 2013] y todas las paralizaciones que hemos sufrido han sido por los diferentes procedimientos legales [emprendidos por la propietaria]».
Sant Josep mantendrá un dispositivo de vigilancia para garantizar el correcto desarrollo de las obras de derribo
Sant Josep mantendrá un dispositivo de vigilancia para garantizar el correcto desarrollo de las obras de derribo, que han supuesto el corte del suministro energético y de agua a la Casa Lola. La demolición se ha adjudicado a la empresa Hermanos Parrot por 250.000 euros, aunque el Ayuntamiento ha reservado 428.000 ante posibles imprevistos.
