El Ayuntamiento de Sant Josep asegura que los constantes quiebros a la Ley cometidos en Casa Lola están más cerca de llegar al final y el 9 de agosto comenzará la demolición de los más de mil metros cuadrados construidos ilegalmente en la finca. El alcalde, Ángel Luis Guerrero, recibió el jueves la notificación de los juzgados de Palma que dan vía libre al Consistorio para entrar en la propiedad y poner fin a «una actividad hotelera y de discoteca que podía actuar con total impunidad».
Los trabajos de demolición y descontaminación de las cinco construcciones ilegales, que superan los mil metros cuadrados, tendrán un coste de 300.000 euros, que ejecutará Sant Josep de manera subsidiaria ante el caso omiso de la propiedad ante la orden de derribo todos estos años. No obstante, el Ayuntamiento reclamará estos gastos a la propietaria, Paquita Sánchez Marsan.
El alcalde subrayó que, aunque se puede presentar recurso a la orden judicial, no hay vuelta atrás para la entrada en la propiedad para ejecutar el derribo. «Solo podría pararlo una medida cautelarísima, pero no le vemos recorrido», incidió.
Se prevé que los trabajos de demolición tarden entre dos y tres semanas
El Consistorio cuenta con dos meses de plazo para cumplir esta orden, pero avanzó que entrará en la propiedad el 9 de agosto, a las nueve de la mañana. Se prevé finalizar con estos trabajos en un plazo de entre dos y tres semanas. Además, Paquita Sánchez se enfrenta a una sanción de 1,4 millones de euros por la comisión de una infracción urbanística tipificada como grave.
«Justicia social»
En su comparecencia ante la prensa, acompañado de buena parte de los concejales del equipo de Gobierno, Guerrero se desquitó de «un procedimiento demasiado largo» en el que la propietaria ha ido aprovechándose de recursos y vericuetos legales para esquivar una orden municipal de derribo decretada en 2010. «[Estos hechos] deben hacernos reflexionar si puede continuar este sistema [judicial] tan garantista que acaba protegiendo más al infractor que a la Administración», subrayó, recordando que el Ayuntamiento carece de competencias en esta materia.
"No puede ser que venga gente que, por tener mucho dinero, piense que puede hacer lo que le venga en gana en Sant Josep y que se ría de esta manera del pueblo"
«No puede ser que venga gente que, por tener mucho dinero, piense que puede hacer lo que le venga en gana en Sant Josep y que se ría de esta manera del pueblo», abundó Guerrero, que calificó el futuro derribo como «acto de justicia social».
Igualmente, salió al paso de las críticas recibidas durante los últimos años ante los constantes incumplimientos de la ley por parte de Casa Lola.
«Se ha puesto en duda la profesionalidad de este equipo de gobierno, pero se ha hecho todo el trabajo que nos tocaba», sentenció. Igualmente, agradeció el trabajo sus antecesores al frente de la concejalía de Urbanismo, Josep Antoni Prats y Javier Marí, a los que también les tocó lidiar con Casa Lola, así como a los funcionarios de la casa.
Estas son las ilegalidades
La lista de las obras ejecutadas sin licencia incluyen una piscina y una terraza anexa al edificio principal, un porche, una edificación de unos 50 metros cuadrados y los cimientos de otra de 30 metros cuadrados de superficie aproximada, además de una construcción de 50 metros cuadrados situada en el norte de la parcela, próxima al camino de acceso, más otras dos que forman una ‘L’ de 200 metros cuadrados (50 metros una y 150 metros cuadrados la otra), y un depósito de agua con una superficie de 52 metros cuadrados. Además, entre estas irregularidades, se encuentran varias pérgolas, así como el espacio que se usaba como discoteca y que ha sido objeto de numerosas denuncias vecinales por las fiestas ilegales que allí se celebraban.
