El Ayuntamiento de Sant Antoni no sólo tiene la obligación de tramitar el cierre de los aparcamientos ilegales de ses Variades y las calles Antoni Riquer y Sant Rafel sino que también se enfrenta al pago de una indemnización de 14,2 millones de euros, casi la mitad de su presupuesto anual. Esta es la cuantiosa cifra que ha reclamado en el juzgado la empresa Subsuelos Urbanos, la antigua concesionaria del aparcamiento subterráneo de pago de la plaza de España, en cumplimiento de la sentencia de marzo del año pasado del Tribunal Superior de Justicia de Balears.
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Este fallo judicial, que es firme, obliga al Ayuntamiento a abrir un expediente de clausura de estos parkingsy a indemnizar a la empresa por el perjuicio que le causó (la merma de ingresos) la permisividad municipal con los aparcamientos disuasorios ilegales. Pese a que el Consistorio tenía acuerdos con los propietarios de los terrenos, a los que en contraprestación eximía del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), para destinarlos a aparcamiento, estos incumplen las condiciones que marca el planeamiento urbanístico.
Para calcular la cuantía de la indemnización, Subsuelos Urbanos encargó hace unos meses un estudio para determinar el número de vehículos estacionados (la rotación) en los aparcamientos ilegales y, con ello, la pérdida de ingresos del parking legal de la plaza de España. Los cuatro aparcamientos ilegales, uno de la calle Antoni Riquer ya está cerrado, suman más de 1.500 plazas.
La indemnización que el tribunal reconoce que el Ayuntamiento debe pagar se corresponde con el perjuicio sufrido entre junio de 2010 y principios de 2021
La indemnización por la pérdida de ingresos comprende el período entre finales de junio de 2010 y principios de 2021. El TSJB reconoce que «el funcionamiento de los aparcamientos clandestinos en las proximidades del de la plaza de España comporta, necesariamente, una menor afluencia de clientes al que está autorizado».
Ahora bien, la sentencia especificó que, a la hora de calcular el valor de la indemnización, no se puede esgrimir la premisa de que todas las plazas de aparcamiento ilegales gratuitas comportan la ocupación equivalente en el parking público autorizado sino un porcentaje de las mismas. El Ayuntamiento puede poner ahora objeciones al estudio económico aportado por Subsuelos Urbanos.
Con 300 plazas (100 en propiedad y 200 en rotación), el aparcamiento de pago de la plaza de España empezó a explotarse en 2008 bajo la concesión otorgada a Subsuelos Urbanos, que, en 2014, precisamente por la merma de ingresos que alegaba por el funcionamiento de los aparcamientos disuasorios ilegales del pueblo que el Ayuntamiento se negaba a clausurar, entró en concurso de acreedores. Desde principios de 2021, la sociedad catalana Investment Company 2SL explota la concesión pública de este aparcamiento.
Los aparcamientos sin permiso municipal de ses Variades y las calles Antoni Riquer y Sant Rafel suman más de 1.500 plazas
La sentencia señalaba que los aparcamientos de ses Variades y las calles Antoni Riquer y Sant Rafel carecen de licencia municipal o declaración responsable, y pese a las repetidas reclamaciones por parte de Subsuelos Urbanos para que se procediera a su clausura, el Ayuntamiento no sólo no incoó un expediente de disciplina urbanística sino que incluso «participaba y contribuía a la irregular situación». El Consistorio alegó ante el tribunal que el cierre de los parkings era «de imposible cumplimiento o como mínimo de muy difícil cumplimiento» porque se «desconocía exactamente cual era la infracción» cometida, a lo que la sentencia respondió con los siguientes términos: «Basta que el Ayuntamiento acuda a sus propios informes, que dicen que la actividad desarrollada en los aparcamientos carece de título habilitante».
El cierre sería «catastrófico»
Después de que este diario revelara el contenido de esta sentencia el alcalde, Marcos Serra, advirtió, primero, de que la clausura del aparcamiento de ses Variades sería «catastrófica» y, luego, que confiaba en que se podría regularizar la situación de estos espacios que usan de parkings disuasorios sin necesidad de cerrarlos.
Actualmente, pese a la insistencia del juzgado, el Ayuntamiento no ha tramitado el expediente de cierre del aparcamiento de ses Variades. Tal como publicó recientemente este diario, el Consistorio se ha limitado a responder que, tras la retirada de las señales informativas y diversos elementos (bolardos para canalizar el tráfico), estas parcelas ya «no están destinadas a uso de aparcamiento» a pesar de que sigue utilizándose como tal.
La actual concesionaria del aparcamiento de la plaza de España ha alegado en el juzgado que la respuesta del Ayuntamiento es «una auténtica tomadura de pelo y una falta de respeto», al pretender dar por cumplida la sentencia «de forma torticera».
Causa penal contra exalcaldes del PP
Al margen del mandato judicial de momento incumplido de tramitar el cierre de los aparcamientos ilegales de ses Variades y las calles Antoni Riquer y Sant Rafel y el pago de una indemnización por el perjuicio económico sufrido, los exalcaldes del PP Pepita Gutiérrez y José Sala, además de otros concejales de sus respectivos gobiernos, figuran como investigados en la causa penal abierta por Subsuelos Urbanos contra ellos por los supuestos delitos de prevaricación y malversación. El proceso penal se remonta a finales de 2014 y ha entrado en su recta final.