Hacer una fiesta ilegal en una vivienda de Ibiza tendrá consecuencias no solo para los organizadores, sino también para el propietario del inmueble en el que se lleve a cabo y los participantes. Así lo ha anunciado en rueda de prensa la consellera de Presidencia del Govern balear, Mercedes Garrido, quien ha explicado que en el próximo Consell de Govern se aprobará la modificación de la normativa de Actividades, mediante decreto ley, para poder actuar con “contundencia” contra esta problemática.
“Es un cambio adaptado a la Constitución y a los derechos básicos que tenemos los ciudadanos. Es una propuesta que todas las administraciones (Govern, Consell y ayuntamientos) compartimos. Lo que se pretende es que sea una medida disuasoria y que la gente tenga conciencia de que hacer una actividad ilegal que tiene ánimo de lucro tendrá consecuencias”, ha recalcado.
En este sentido, las instituciones se muestran “inflexibles”, por lo que la nueva normativa definirá, con exactitud, qué es una fiesta ilegal, lo que permitirá identificar quién es el responsable de la misma. Pero las sanciones llegarán a todos: organizadores, propietario del inmueble, colaboradores (quienes venden entradas, hacen publicidad, proporcionan medios materiales como equipos de sonido, djs, encargados de suministrar el catering, transporte…) y todos los participantes.
Las multas oscilarán entre los 100.000 y los 300.000 euros para organizadores y colaboradores, con el agravante de que si hay quejas vecinales, no bajarán de 150.000. También dependerá de si la vivienda está en suelo protegido o no, siendo en el primer caso una multa más elevada.
El propietario de la casa también se enfrenta, como mínimo, a una multa de 100.000 euros. ¿Y qué pasa si desconocía que se iba a hacer una fiesta ilegal allí? Que tendrá que demostrarlo. “Se entiende que el propietario es responsable de su vivienda. La justicia interpreta que tienes el control de lo que se hace ella”, ha especificado Garrido. Por su parte, el presidente del Consell, Vicent Marí, ha añadido una novedad más: “Si la fiesta es en una vivienda vacacional, el propietario perderá la autorización que le permite alquilar turísticamente la casa”.
En cuanto a los asistentes al evento, tendrán una multa de 300 euros asegurada. Después dependerá si también han colaborado con la fiesta que, de ser así, ascenderá hasta 30.000 euros.
Efecto disuasorio
El presidente del Consell ha reconocido que la idea de la institución era “más ambiciosa”, con medidas “más contundentes”. “Queríamos que se permitiera actuar en el momento de la fiesta, pero hay cuestiones legales que no han sido incluidas en el decreto que se ha redactado”, ha señalado Marí.
Sin embargo, ha dicho que es un avance “importante y necesario” con un objetivo claro: “Queremos mandar un mensaje todas las administraciones de que este tipo de actividades se perseguirán y sancionarán. Todas las instituciones hemos adoptado el compromiso de hacer un seguimiento de cómo evoluciona, no solo el balance al final de la temporada, por lo que nos reuniremos periódicamente”, ha añadido.
Un paso en firme para acabar con una problemática que se da sobre todo en Ibiza, pero que también podrá aplicarse en el resto del archipiélago. “No será la solución definitiva a las fiestas ilegales, pero si un punto de inflexión en cuanto a la celebración de las mismas”, ha concluido Garrido.
