Un año y medio después de darle vueltas, la regulación de las reglas de funcionamiento del taxi a nivel insular vuelve a manos del Govern balear. El Consell Consultiu, el máximo órgano de consulta jurídica de la Comunitat Autònoma, ha resuelto que la aprobación de la nueva orden insular de carga y descarga del taxi de Ibiza depende del Govern. En concreto, el dictamen publicado ayer especifica que le corresponde a la Comunitat Autònoma, y no al Consell, la modificación de las condiciones del servicio del taxi entre municipios a través de una norma reglamentaria.
La orden insular de carga y descarga regula las condiciones y prioridades para la atención de servicios fuera del municipio de origen del taxi, utilización de un GPS único de ámbito insular y, entre otras cosas, las tarifas, que no se actualizan desde 2014. Precisamente, la crisis que afecta al sector del taxi de la ciudad de Ibiza por el GPS se debe a la falta de regulación insular de este servicio de gestión de llamadas de usuarios del taxi.
Y la regulación insular del GPS va a tardar al menos un año, el período mínimo que, según las fuentes consultadas, precisa la tramitación de un reglamento. De hecho, la nueva orden de carga y descarga podría estar ya aprobada en el caso de que la conselleria balear de Movilidad hubiera iniciado la tramitación de la orden hace un año y medio, aproximadamente, cuando el Consell de Ibiza le elevó la propuesta consensuada con los ayuntamientos y el sector del taxi de la isla.
Sin embargo, los juristas de la conselleria entendieron que, tras los cambios introducidos por la ley balear de Transportes de 2014, le correspondía al Consell de Ibiza aprobar la nueva orden insular. Hasta ahora, desde 1997, cuando se aprobó la primera regulación de ámbito insular, el Govern balear había tramitado todas las regulaciones insulares (1997, 2004, 2006, 2009, 2012 y 2013, aunque esta última fue anulada por los tribunales).
El dictamen del Consultiu también resuelve que «la actualización» de las tarifas puede realizarse a través de «un acto administrativo general dictado por el órgano competente del Consell de Ibiza». Ahora bien, al parecer, según interpretan los técnicos de la institución insular, no será posible esta actualización tan necesaria desde hace años, pero ahora, con la escalada de precios del carburante, mucho más, hasta que el Govern apruebe primero el reglamento, en el cual, en todo caso, ya se aprobarán las nuevas tarifas.
La tramitación de un reglamento puede tardar un año cuando el Govern tenía la propuesta de Ibiza hace un año y medio
El bloqueo de las tarifas
El dictamen del Consultiu distingue entre la aprobación de un régimen tarifario, que debe sustentarse en un reglamento, de «la mera actualización» de las mismas, que «no precisa necesariamente rango de norma y puede adoptarse mediante un acto administrativo». En este caso, por tanto, el Consell puede acometer esta actualización de los costes del servicio el taxi, según el Consultiu.
Ahora bien, las tarifas de 2014, las que están en vigor, se sustentaban en la orden insular de carga de 2013 que fue anulada y, por tanto, carecen de la base normativa necesaria para actualizarlas, según interpreta el Consell. La orden insular de carga de 2012, la que está en vigor, preveía unos conceptos tarifarios distintos a la de 2013, fundamentalmente la imposibilidad de cobrar una tarifa de retorno tras un viaje interurbano. Ahora se hace. Por ello, según las fuentes consultadas, el Consell interpreta que no se puede considerar la orden de 2012 para actualizar las tarifas de 2014 y, por tanto, es necesario que el Govern apruebe antes un nuevo reglamento.
Vía libre a la propuesta para crear licencias de taxi de ámbito insular
Con la concesión de permisos insulares, el Consell tendría autonomía para regular el sector. El dictamen del Consell Consultiu valida indirectamente la propuesta que el Consell de Ibiza ha lanzado recientemente a los ayuntamientos de la isla para crear una licencia insular de taxi, tal como regula la ley balear de Transportes de 2014. En ese caso, el Consell tendría toda la capacidad normativa para regular estas licencias. Sin embargo, la solicitud del dictamen para que el Consell Consultiu resuelva a qué administración le compete regular la orden insular de carga y descarga se refiere a taxis que cuentan con autorización de transporte discrecional de ámbito nacional y, por tanto, le corresponde a la Comunitat Autònoma.
Precisamente, ante el bloqueo en la tramitación de la modificación de la orden de carga de 2012, sobre todo para regular el GPS insular y la actualización de las tarifa (también se pretende limitar la velocidad máxima de los taxis a 110 km/h), el vicepresidente segundo del Consell, Javier Torres, planteó a los ayuntamientos, en una reciente reunión convocada con urgencia, la posibilidad de crear un área de prestación conjunta de ámbito insular para tener autonomía en la regulación del sector.
El Consell y los ayuntamientos se dieron un plazo de dos semanas para decidir si se sigue adelante en la negociación de la propuesta o si se descarta. Sant Josep y Sant Antoni son reacios, mientras que Ibiza apoya la propuesta y Santa Eulària y Sant Joan la ven con buenos ojos.
