La Confederación de Asociaciones Empresariales de Baleares (CAEB) reconoce que los objetivos que persigue la nueva ley turística balear son «deseables», pero ve «precipitación» por parte del Govern en una reforma que, según su vicepresidente, el ibicenco José Antonio Roselló, se debería acometer «con mucho cuidado, más reflexión y rigurosidad». Roselló ve «precipitación» en una de las medidas más llamativas: la obligación de que los establecimientos hoteleros tengan camas elevables para facilitar el trabajo de las camareras de piso, lo que supondrá la renovación paulatina de unas 300.000 camas en el conjunto de Balears.
El vicepresidente de la CAEB apunta que «no queda claro» si se deberán sustituir las camas o si bastará con la instalación de mecanismos elevadores en las existentes, lo cual, en todo caso, supondrá una carga económica «importante» para los establecimientos turísticos. «Tampoco está claro si afecta a las grandes empresas o a todo el mundo, y me refiero a la hotelería independiente, que es mayoritaria en Ibiza y Formentera. No está bien pensado este tema para las pimes. Esta obligación genera, de entrada, un problema grave, con un coste económico enorme que cae del cielo de manera sobrevenida», indica Roselló, que advierte de que, pese a que se plantea el uso de fondos europeos para cubrir este gasto, estos «realmente» están previstos para «otras cuestiones: digitalización, lucha contra el cambio climático...».
Asimismo, Roselló destaca que en hoteles de la Península, donde se han implantado ya camas elevables, «no se utilizan porque hacen perder tiempo». «Nos podríamos hallar en la situación de que se haya hecho una inversión muy costosa y luego no se aplique», advierte.
Jubilación anticipada
Así, el vicepresidente de la patronal empresarial balear considera que «si el Govern balear quiere hacer algo importante en beneficio de las camareras de piso, debería mover sus resortes con el Gobierno central para que puedan jubilarse de forma anticipada». «Lo desearán más que esta medida que acabará no aplicándose a pesar de la inversión», insiste Roselló.
El representante ibicenco de la CAEB también defiende que la reforma legislativa debería ir «por la vía de la recomendación y no de la obligación». «Hay que tener en cuenta que muchas cuestiones ambientales que se introducen en el texto legislativo ya se aplican en los hoteles de las islas», subraya.
En este sentido, Roselló indica que la obligación de cambiar las calderas de fuel por otras de gas no es «una cuestión menor» porque no sólo implica la sustitución de los aparatos, que «ya valen mucho», sino también comporta obras en los establecimientos. «Se ha de pensar mucho más», recalca, al tiempo que indica también que se debe clarificar en qué términos se debe aplicar «la economía circular», ya que puede conducir a «la parálisis». Se refiere a que la hotelería «se renueva mucho» y no es lo mismo una cuestión de eficiencia energética que «cambiar el mobiliario o la vajilla de un hotel».
