El Ayuntamiento de Sant Josep procederá a la demolición de todas las construcciones ilegales de Casa Lola el próximo 13 de diciembre, según consta en el nuevo decreto firmado ayer por el alcalde, Ángel Luis Guerrero, dado a conocer ayer en una nota tras la desestimación del recurso de reposición presentado por la propiedad contra la orden de demolición del establecimiento.
A través de este decreto se informa a la dueña de este establecimiento, Francisca Sánchez Ordóñez, de que el Consistorio «asume la ejecución forzosa de la orden de restablecimiento de la legalidad dictada el pasado agosto». Los técnicos del Ayuntamiento que se personarán en el inmueble para proceder a la demolición, «irán acompañados de la Policía Local para que levanten acta de lo que suceda», advierten fuentes municipales.
En el comunicado, Guerrero valora «la exhaustividad del informe jurídico que fundamenta la desestimación de los argumentos de la representación legal de la propiedad» y que «los rebate punto por punto». «Entre otras cosas, se venía a decir al Ayuntamiento que no habían tenido suficiente tiempo para cumplir la orden de ejecución, pero tenemos que recordar que hace diez años que se inició el expediente de infracción urbanística que ya les obligaba a demoler todo lo construido sin licencia y a día de hoy no consta que ni tan solo hayan presentado un proyecto de demolición», recuerda. Y añade que han preparado este proyecto «ante la previsión de que la propiedad desobedezca nuevamente la orden de ejecución forzosa».
275.000 euros el derribo
Desde el Consistorio prevén ejecutar la demolición de manera subsidiaria, por lo que reclamará después a la promotora su coste, que se ha estimado en 275.000 euros. Si el próximo día 13 la propiedad niega la entrada al complejo turístico ilegal para poder proceder a la demolición o si se impide poder comprobar que ya la ha ejecutado por su cuenta, «se tendrá que pedir autorización judicial para poder acceder, pero confiamos en que los juzgados sean rápidos al conceder la entrada si tenemos en cuenta que se trata de dar cumplimiento a una sentencia ratificada al tribunal Supremo», explica Guerrero.
Con la resolución judicial del caso, explican desde el Consistorio, «se han podido concluir también los expedientes de restablecimiento de la legalidad urbanística abiertos por el Ayuntamiento a raíz de las diferentes denuncias y visitas que se han hecho en los últimos años por parte de los servicios técnicos municipales al complejo turístico ilegal des Cubells».
La lista de las obras realizadas sin licencia y vulnerando la protección del sol vigente, hecho por el cual se han considerado ilegalizables, es interminable: piscina y terraza aneja en el edificio principal; el porche; edificación aneja de unos 50 metros cuadrados; los cimientos de una edificación de 30 metros cuadrados de superficie aproximada; edificación de unos 50 metros cuadrados construidos situados en el norte de la parcela próxima al camino de acceso; dos edificaciones que forman una ‘L’ a de 200 metros cuadrados (50 metros una y 150 metros cuadrados la otra), y un depósito de agua con una superficie aproximada de 52 metros cuadrados.
También hay ocho volúmenes de planta baja con una superficie construida cerrada total de 933 metros cuadrados; terrazas cubiertas con una superficie total al cien por cien de 342 metros cuadrados; terrazas abiertas con una superficie total de 414 metros cuadrados; otras dos piscinas con superficie de espejo de agua 84 metros cuadrados y 68 metros cuadrados, y una cisterna en construcción de 36 metros cuadrados de superficie.
1,4 millones de sanción
Pero la lista sigue con una construcción de varios muros de cierre de parcela y divisiones interiores mediante bloque prefabricado de hormigón y piedra natural.
Todo suma una edificabilidad aproximada de 1.104 metros cuadrados y una ocupación total aproximada de 1.892 metros cuadrados.
«Una vez cerrado el expediente de restablecimiento de la legalidad se sigue la tramitación también del expediente sancionador contra la propiedad, dado que estas obras ilegales han sido tipificadas como una infracción grave», detalla el Ayuntamiento. El procedimiento, que se suspendió hasta la resolución del recurso contencioso, se dirige contra la promotora pero también contra las empresas constructoras, con una propuesta de sanción de 1,4 millones de euros, a los que se tendrá que añadir también la factura de la demolición llegado al caso que sea el Consistorio el que lo tenga que asumir.
