Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) obliga al Govern balear a indemnizar con 45 millones de euros al Gobierno central por los sobrecostes y retrasos que sufrieron las obras de las plantas desaladoras de agua de mar de Santa Eulària y Ciutadella (Menorca). Durante años, ambas administraciones mantuvieron disputas sobre a quién correspondía asumir el pago de estos sobrecostes, y finalmente el tribunal balear ha dado la razón al Gobierno central.
El Govern balear ya ha anunciado que recurrirá la sentencia, según ha asegurado este martes el conseller de Medio Ambiente y Territorio, Miquel Mir, que reclama que la disputa se dirima en el ámbito político.
Mir ha calificado de "injusta" la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) que obliga a la Comunidad Autónoma a abonar al Estado tal cantidad por el rescate de las Instalaciones de Desalación de Aguas Marinas (IDAM) de Santa Eulalia, en Ibiza, y de Ciutadella, en Menorca.
Mir ha expresado su "total respeto" y ha requerido una "solución política", tal y como se acordó a inicios de la anterior legislatura, aunque el expresidente Mariano Rajoy "lo incumplió".
Estas dos desaladoras fueron declaradas de interés general en el Plan Hidrológico Nacional de 2001, pero hasta el 29 de abril de 2005 los gobiernos español y balear no firmaron el convenio para ejecutar las obras, ha explicado la conselleria en un comunicado.
En septiembre de ese mismo año, el ministerio adjudicó el contrato para la elaboración de los proyecto y las obras, así como la explotación posterior de ambas desaladoras. El presupuesto de la de Santa Eulària ascendía a 14,1 millones de euros y 12,4 millones la de Ciutadella. En ambos casos sin sumar el IVA.
Las modificaciones posteriores del ministerio supuso un sobrecoste de 8 millones de la desaladora de Ibiza y de 4,5 la de Menorca.
No estaban plenamente operativas
No estaban plenamente operativasLas obras, prosigue la consellria, acabaron en 2011, pero el Govern se negó a recepcionarlas porque no eran plenamente operativas, ya que no estaban conectadas a la red de abastecimiento.
Además, el sobrecoste de las modificaciones representaba un aumento de la tarifa que incumplía el Convenio con el ministerio, con el agravante de que, en Ibiza, el mismo ministerio estaba construyendo el anillo de interconexión, un proyecto que en aquellos momentos no llegaba hasta la desaladora de Santa Eulalia.
En diciembre de 2013 las concesionarias pidieron la resolución del contrato de concesión al ministerio y reclamaron una indemnización de 31 millones euros por la desaladora de Ibiza y de 32 por la de Menorca.
El 29 diciembre de 2015, el Consejo de Ministros autorizó las resolución de los contratos y el secretario de Medio Ambiente resolvió que se debían abonar 26,1 millones por la desaladora de Santa Eulària y 19,1 por la de Ciutadella.
Aunque el Estado era el responsable de conectar ambas desaladoras con las redes municipales de abastecimiento, el Govern se ofreció, al inicio de la anterior legislatura, a asumir estas obras a cambio de que el Estado se hiciera cargo del coste de las instalaciones y su sobrecoste.
Mir ha recordado, en este sentido, "la grave situación de sequía que sufría, especialmente, la isla de Ibiza en ese momento, por lo que el Ejecutivo balear ofreció esta solución para desbloquear el conflicto".
Finalmente, las instalaciones fueron recepcionadas por la Comunidad Autónoma en mayo de 2016, pero en octubre el Govern recibió un requerimiento del ministerio por el que le reclamaba el coste y los sobrecoste de las obras.
Mir ha señalado que hace dos semanas pidió formalmente a la vicepresidenta cuarta para la Transición Ecológica y para el Reto Demográfico, Teresa Ribera, una reunión urgente para tratar, entre otros temas, esta cuestión.
En este sentido, el conseller ha lamentado que, a pesar del buen talante del actual Ejecutivo central, no se haya podido "reconducir la situación" dentro del ámbito político.
