La promotora de la industria turística ilegal Casa Lola, Francisca Sánchez Ordóñez, y su hija, Rocío Martín, responsable de la vecina Casa Rocío, también con orden de demolición, han sido condenadas esta mañana por la Audiencia Provincial de Palma a seis meses de cárcel y a una multa de seis meses a ocho euros diarios.
Sin embargo, tras alcanzar las partes un acuerdo de conformidad, la pena de prisión se sustituye por una multa de 12 meses a ocho euros diarios por cometer un delito de empleo colectivo ilegal, al tener numerosos trabajadores en estas obras sin disponer de los correspondientes permisos. La Fiscalía solicitaba la imposición de una pena de dos años de prisión para ambas, además de una multa de 6.000 euros.
La Fiscalía señaló en su escrito de acusación que, de los ocho trabajadores que se encontraban en la finca de Casa Lola, ubicada en Sant Josep, en una inspección en febrero de 2013, todos menos uno «no habían sido dados de alta con carácter previo al inicio de la prestación de servicios».
Posteriormente, en marzo del mismo año, otra inspección descubrió que de los seis obreros que estaban empleados en la finca de Villa Rocío, contigua a Casa Lola y propiedad de su hija, tan sólo tres estaban dados de alta.
La Fiscalía consideró autoras de estos delitos tanto a la madre como a la hija y pide la imposición de una pena de dos años y 6.000 euros, así como la inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el tiempo de la condena.
Juicio pendiente
Mientras tanto, Francisca Sánchez Ordóñez sigue pendiente de ir a juicio por la rotura de los precintos que instaló la Policía Local y la Guardia Civil en su finca de Sant Josep. De momento, se desconoce la fecha de la vista oral por estos hechos.
Entre tanto, continúan los trámites encaminados al derribo de las construcciones de ambas fincas. De hecho, el Ayuntamiento ya ha dictado las órdenes correspondientes, pero se hallan recurridas ante los tribunales por parte de la propiedad.
