La lavandería de la residencia Sa Serra de Sant Antoni será un centro de trabajo dirigido a personas con discapacidad, aunque su explotación no estará en manos públicas, sino que será una empresa privada quien se haga cargo a través de un centro especial de empleo, según la licitación restringida que ha sacado a concurso el Govern balear, que alquilará las instalaciones por un periodo de cuatro años, prorrogables a dos más.
El Butlletí Oficial de les Illes Balears publicó el sábado día 11 el anuncio de la licitación del contrato de alquiler para la explotación de la lavandería, que recoge las bases del concurso y da un plazo de 18 días a los centros especiales de ocupación -que persiguen la integración sociolaboral de personas con discapacidad-que quieran optar para presentar su solicitud.
El contrato está previsto que entre en vigor el 1 de febrero de 2018 y la renta mínima mensual que deben ofertar los licitadores para participar son 4.840 euros (IVA incluido), con un arrendamiento al cabo del año de 58.000 euros.
La mejor oferta económica
El criterio base de adjudicación será la mejor oferta económica. Si varias propuestas empatan, la adjudicación se hará en favor de la que tenga un plan de igualdad expedido por el órgano competente. Y si persiste el empate, se otorgará a la que ofrezca la contratación de un mayor número de trabajadores con discapacidad.
El anuncio resalta que las condiciones para la ejecución del contrato son de tipo social y los centros especiales de ocupación que opten deberán acreditar su solvencia económica, técnica y profesional y garantizar la experiencia o formación de sus trabajadores.
Subrogado y nuevo contrato
La consellera balear de Servicios Sociales, Fina Santiago, indica que, cuando el Govern recuperó la gestión pública de la residencia Sa Serra -privatizada en 2014, antes de su apertura- subrogó el contrato de la lavandería, que también había explotado la adjudicataria, que tenía contratado personal con discapacidad para atender el servicio.
«Este año hemos arreglado parte del sistema de refrigeración y de aire acondicionado», explica Santiago, quien resalta que los problemas de ésta, especialmente en verano, afectaba tanto a los trabajadores de la lavandería como a cuatro de las habitaciones de la residencia sociosanitaria.
Ahora, el Govern, a través de la Fundación de Atención y Apoyo a la Dependencia y de Promoción de la Autonomía Personal de las Illes Balears, ha sacado a concurso el alquiler de las instalaciones y lo ofrece a centros especiales de empleo que tienen que contar en su plantilla, como mínimo, con «un 30% de personas con discapacidad de difícil reinserción», detalla la consellera.
«Alquilamos el sistema, los aparatos, y lo que pedimos son 4.000 euros. A partir de aquí, quien ofrezca más, seguramente se lo quedará», apunta Santiago, quien subraya que en ningún caso se han planteado quedarse la gestión del servicio: «Nosotros no sabemos gestionar lavanderías para que sean mínimamente rentables. Si hubiera sido una lavandería pequeña la habríamos integrado en lo que es la residencia, pero es una lavandería industrial».
Las instalaciones tienen una superficie de 371,94 metros cuadrados y están ubicadas en el sótano de la residencia Sa Serra. «Los aparatos son bastante modernos y están en buenas condiciones», resalta la responsable de Servicios Sociales y recoge también el pliego de prescripciones técnicas.
Otros clientes
La lavandería dará servicio a la propia residencia y también podrá contar con otro tipo de clientes, al igual que se hacía hasta ahora. «Es para que se explote. No es sólo la lavandería de la residencia; es sumamente grande y tiene potencial para dar servicio a hoteles y a muchas otras entidades o empresas», indica Santiago.
Cuando se construyó la residencia estaba previsto que la lavandería fuera un centro especial de empleo en el que trabajaran personas con discapacidad dentro de su proceso de integración sociolaboral, explicaba Abascal en 2010.
Ya con el popular Vicent Serra al frente del Consell, el proyecto siguió en la misma línea. En 2011, Serra sostenía que podría dar servicio a centros sociosanitarios y a establecimientos de hostelería de la isla.
En diciembre de 2013 el Govern privatizó la gestión de las residencias y la empresa que la asumió se encargó también de la lavandería, hasta que se recuperó de nuevo la gestión pública.
