La defensa de Matthias Kühn, el que fuera titular de la Fiscalía Anticorrupción de Balears y fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, pidió ayer la absolución del promotor alemán en el juicio por las presuntas obras ilegales en el islote de Tagomago celebrado en el Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza. Tanto Kühn como el otro denunciado por un delito contra el medio ambiente y otro contra la ordenación del territorio, el constructor Guido Hecker, se acogieron a su derecho a no declarar.
La representante del Ministerio Fiscal, por su parte, ratificó su petición de condena de dos años de cárcel para cada uno de los acusados y defendió que la causa contra ellos «no es una caza de brujas». Además, replicó a los letrados (a Horrach y a Carlos Barceló, el abogado que defendió a Hecker) que los delitos no han prescrito. La titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Ibiza, Martina Rodríguez, dejó el juicio visto para sentencia.
En las conclusiones de la vista oral, Horrach insistió en que se han vulnerado los derechos fundamentales de su cliente porque se ha invertido la carga de la prueba. «Uno de los supuestos hechos delictivos por los que se acusa a Kühn ni siquiera ha sido calificado como infracción por el Ayuntamiento de Santa Eulària, la única administración competente para determinar si una obra es autorizable o no. Por otro lado, la comisión de Medio Ambiente del Govern dictó en junio de 2012 un informe favorable sobre la legalización de la vivienda», remarcó la defensa del empresario, propietario de la empresa Isla Tagomago S.A., con la que explota la vivienda de este islote protegido.
La defensa del otro acusado, Hecker, también reclamó la nulidad de las actuaciones e insistió en que los delitos por los que se acusa al constructor y al promotor alemán han prescrito. «Las obras comenzaron en enero de 2008, no en julio como afirma la Fiscalía», sostuvo el letrado.
Asimismo, recordó que este procedimiento contra Kühn y Hecker se archivó en 2014 y que después se abrió juicio oral por el mismo delito, contra el medio ambiente, «sin haber aportado ningún elemento ni hecho nuevo». El abogado también afirmó que el juez de Instrucción José Espinosa «no fue imparcial».
Además, tanto Horrach como Barceló criticaron la falta de objetividad e independencia de un perito judicial, Cristian Ruiz Altaba, que antes de desempeñar esta función tramitó un expediente contra los acusados cuando trabajaba en la Red Natura 2000. En ese escrito denunciaba perjuicios de las obras acometidas en Tagomago a la flora y la fauna.«No se puede ser parte y perito a la vez», se quejaron Horrach y Barceló.
