La tramitación de proyectos como el que impulsa el Consistorio de Ibiza es de una lentitud desesperante. La alcaldesa Lurdes Costa promovió uno similar y desde la Demarcación de Costas tardaron cuatro años en responder. Lo peor fue que imponía tales prescripciones que «lo hacían inviable», según Rafa Ruiz.
El actual también va para largo. Ante la presión que soporta esa bahía, el alcalde quería aligerar los trámites y saltarse la declaración de impacto ambiental (DIA), pero se topó con la versión más kafkiana de la Administración. Según Costas, «oficialmente no existen fondeos en Talamanca». Aunque parezca de locos, para esa institución no existen los 250 barcos que anclan allí a diario ni, aunque sea ilegal, parece estar dispuesta a obligar a que se retiren de la zona. Según su razonamiento, si el Ayuntamiento solicita crear una serie de fondeos ecológicos, más que procurar la protección de la posidonia, «origina un impacto» medioambiental al crear anclajes donde oficialmente no los hay. Pero haberlos haylos.
Esa argumentación ha obligado al Consistorio a elaborar una evaluación de impacto ambiental, con el coste y la pérdida de tiempo que representa. En septiembre enviarán ese documento a la dirección general de Costas, que «como mínimo tarda un año en responder». Si la contestación de ese departamento es positiva (siempre pone pegas y dilata aún más el procedimiento), se iniciaría un periodo de alegaciones y se convocaría un concurso público para desarrollar el proyecto y para su gestión. En el mejor de los casos nunca antes del verano de 2019, a no ser que el Govern balear facilite los trámites con la aprobación del decreto de protección de la posidonia, actualmente en tramitación: «Seguramente facilitaría la declaración de impacto ambiental, pues prohibiría el fondeo sobre posidonia», confía Ruiz.
