La actividad de los arquitectos de Ibiza se ha disparado en los últimos meses debido a la creciente demanda de proyectos para acogerse al proceso extraordinario de legalización de edificaciones fuera de ordenación en suelo rústico aprobado hace un año por el Consell de Ibiza al amparo de la nueva Ley de ordenación y usos del suelo de Balears. El Consell de Formentera ha rechazado, en cambio, la aplicación de esta medida.
Hasta ahora (falta el recuento de los últimos días), la Demarcación de Ibiza y Formentera del Colegio de Arquitectos de Balears ha visado un total de 490 proyectos de este tipo y hay otros 46 expedientes a la espera, según explica el presidente de este colectivo, Iván Torres.
Hasta noviembre del año pasado, cinco meses después de la aprobación de esta medida extraordinaria, los ayuntamientos de la isla solo habían recibido 31 solicitudes. Ahora, en los últimos meses, la demanda se ha avivado debido a que el 5 de junio se acaba el plazo para que los interesados en legalizar sus casas abonen un 15% de su coste (una sanción que la ley denomina «prestación económica»), aparte del coste de la licencia (el 5% del presupuesto del proyecto). A partir del 6 de junio, y durante el segundo año, los proyectos que se acojan a esta amnistía urbanística deberán pagar un 20% del coste total, mientras que en el tercer y último año de aplicación el 25%.
Esta avalancha de peticiones de proyectos de legalización ha provocado que en lo que llevamos de año el Colegio de Arquitectos haya visado ya tantos expedientes en general (de reforma o nueva construcción) en Ibiza como en todo 2014, según destaca Torres, que calcula que antes del viernes día 5 podrían entrar en los ayuntamientos de la isla unas 600 solicitudes.
Lenta arrancada
Hasta hace algo más de una semana, el Ayuntamiento de Sant Josep informó a este diario que había recibido unos 65 proyectos de legalización al amparo de esta medida extraordinaria, el de Santa Eulària más de 40 y Sant Antoni, 17 (tres de ellos ya concedidos).
El conseller de Territorio en funciones, Mariano Juan, reconoce que no tenía constancia de que se estuvieran visando «tantos proyectos» como apunta el Colegio de Arquitectos en las Pitiusas y entiende que la diferencia con la información facilitada por los consistorios se debe, «por lógica», a que la mayoría todavía no ha entrado en los ayuntamientos.
Mariano Juan recuerda que el Consell reivindicó ante el Govern la aprobación de esta amnistía, prevista en el Plan Territorial Insular (PTI) aprobado en 2005 pese a que no se podía aplicar hasta ahora, porque «se sabía» de la existencia de «una buena cantidad» de viviendas fuera de ordenación cuya infracción ya está prescrita (condición que marca la nueva ley para acogerse a esta medida) y en las que no se podía hacer nada. De hecho, el también vicepresidente de la institución reconoce que le extrañaba la «fría» acogida que tuvo este proceso durante los primeres meses de su aplicación. «La gente se ha dormido un poco», cree.
El presidente de la Demarcación pitiusa del Colegio de Arquitectos de Balears explica que a «la gente le ha costado mucho creérselo y querer hacerlo», dado el gasto que conlleva. «Muchos se han despertado tarde, como sucede en tantas cosas», agrega. Torres considera que el hecho de que en el primer año de aplicación de la amnistía se puedan regularizar unos 600 inmuebles es una muestra del «éxito» de esta medida, puesto que es «un número considerable», aunque al mismo tiempo destaca «la necesidad de perseguir las infracciones que se cometan». «Si se debe hacer [el proceso extraordinario de regularización] es para que no vuelva a suceder», recalca.
Los límites de la medida
El presidente de los arquitectos pitiusos calcula que en la isla puede haber 3.000 viviendas en suelo urbano que incumplen la normativa por «algún u otro motivo», como que no cuente, por ejemplo, con servicio de saneamiento. Estas no se pueden acoger a esta amnistía.
En cambio, Torres señala que es «imposible» saber cuántas viviendas ilegales hay en suelo rústico. En todo caso, el medio millar de viviendas en el campo que están en proceso de legalización son «pocas» en comparación, según el representante de los arquitectos, con el número real de inmuebles fuera de ordenación. «Hay muchas que no se podrán legalizar porque se habrán construido con posterioridad a 2006 [la infracción aún no ha prescrito] o en suelo protegido entre 1991 y la actualidad», apunta en referencia a los límites que establece la ley a la hora de aplicar esta medida extraordinaria.
