El concurso de los quioscos de Formentera, bloqueado por Llorenç Córdoba

El informe sobre los quioscos de playa está en manos del presidente del Consell desde hace más de un mes

Quiosco de playa en Migjorn, el Pirata Bus, cuando era desmontado.

Quiosco de playa en Migjorn, el Pirata Bus, cuando era desmontado. / Gerardo Ferrero

El cuestionado presidente del Consell y diputado autonómico de Formentera, Llorenç Córdoba, al que ahora sus compañeros de coalición de Sa Unió le piden la dimisión, tiene entre sus competencias el área de litoral. Eso significa que tiene que dar una salida al concurso de los quioscos de playa y desbloquear al situación del fondeo regulado en s’Estany des Peix.

Para solucionar el primer asunto, el departamento de Contratación del Consell pidió a la Fundación Universidad-Empresa de la UIB un informe jurídico, que está en manos del presidente Córdoba desde hace más de un mes y pendiente de tomar alguna decisión. Ese informe, según ha podido saber Diario de Ibiza, no da ninguna salida satisfactoria al Consell de Formentera.

Una de las opciones es que el Consell mantenga la actual convocatoria, que solo está pendiente de la adjudicación de los ocho quioscos de playa de la franja de uso y dominio público litoral, ya que el resto, hamacas, sombrillas y escuelas de vela, ya está adjudicado de forma definitiva. En este caso el informe señala que si se adjudica a las personas o empresas mejor valoradas, puede que los segundos o terceros de esa lista impugnen el resultado por una cuestión de tiempo. Es decir, que la demora que se ha producido en esa adjudicación con una prolongación de contrato, ya extinguida, a los anteriores titulares, permite cuestionar legalmente la validez del mismo al entender que los precios y otros aspectos ya no son actualmente vigentes y requieren de una revisión y actualización.

La segunda alternativa que plantea el informe solicitado por el Consell es que se convoque un nuevo concurso, solo para los quioscos. Pero esta salida también es perjudicial para la institución, que se debería enfrentar a las más que probables solicitudes de indemnización que las personas y empresas que han sido mejor valoradas y que han depositado sus fianzas, puedan presentar por vía judicial por los daños y perjuicios que la resolución les haya podido ocasionar.