El Govern balear ha solicitado al Consell Insular de Formentera toda la documentación relativa al coste que representa la transferencia y transporte de los residuos sólidos urbanos de la isla al vertedero ibicenco de Ca na Putxa. Una vez estudiados esos informes, el vicepresidente del Govern y conseller de Presidencia, Antonio Gómez, convocará a las partes implicadas a una próxima reunión, aunque ayer en Palma no se comprometió a nada más.

Esta fue la principal conclusión del encuentro celebrado entre las delegaciones del Consell de Formentera, del Consell de Ibiza y la vicepresidencia del Govern. De hecho, es la primera vez que el Ejecutivo balear responde a la petición de Formentera para sentarse a una mesa y abordar el problema, a pesar de las reiteradas demandas que en los dos últimos años ha formulado.

El objetivo del equipo de gobierno formenterés es buscar una solución definitiva al sobrecoste que representa para los residentes el transporte de los residuos al vertedero ibicenco. A fecha de hoy ese concepto ha generado una deuda de 3.233.577 euros con la empresa Giref, concesionaria del servicio. Ese precio ´extra´, que solo pagan los formenterenses, representa 119 euros más por tonelada de residuos tratada en Ca na Putxa que el que abonan el resto de ciudadanos ibicencos. De hecho la primera institución insular ya tuvo que asumir recientemente el pago de unos 450.000 euros, obligada por una sentencia judicial, en concepto de intereses por el retraso en el pago de una deuda anterior con la misma empresa.

El Consell de Formentera interpreta que el Plan Director de Residuos de Ibiza y Formentera establece que el citado sobrecoste debería ser repartido entre todos los municipios que utilizan el vertedero. Sin embargo, la máxima institución ibicenca emitió ayer un comunicado en el que precisa que su papel es «para ayudar a desbloquear esta situación y para intermediar». Su presidente, Vicent Serra, sostiene que el Consell que preside «no debe asumir este gasto».

El portavoz del equipo de gobierno de Formentera, Bartomeu Escandell, señaló que lo importante es que «el Govern balear se haya comprometido a tomar las riendas del tema». El conseller avanzó que, de forma inmediata, el Consell preparará toda la documentación para que el Govern la estudie, tanto desde el punto de vista jurídico como político. Insistió en que esta última vía, a su juicio, es la más «interesante y deseable» ya que «Formentera está absolutamente abandonada en esta materia». Por ese motivo insistió en que debe ser el Govern el que «lidere y busque una solución». Como ejemplo recordó la fórmula aplicada por el anterior Govern del Pacte, de Francesc Antich, que en 2010 «pagó tres años y medio de transporte de los residuos», aseguró.

El portavoz del equipo de gobierno formenterés resumió que el Govern manifestó ayer su «voluntad» pero además recordó que tiene «la obligación de afrontar el problema», del que se deriva una importante deuda que recae en las arcas del Consell y que aumenta mes a mes, «por lo que la situación puede llegar a ser insostenible».

Bartomeu Escandell reiteró en que la intitución insular está «especialmente preocupada», por lo que espera que la intervención del Govern balear pueda resolver el conflicto económico de forma definitiva.