Quiebra
Fiscalía defiende que Nueva Pescanova asuma el pago sin quitas de la condena a la “vieja” sociedad
Se adhiere a un recurso del expresidente Fernández de Sousa y rechaza que los 240 millones en indemnizaciones sean créditos concursales
El 1 de diciembre, y a través de una ejecutoria firmada por el letrado de la Administración de Justicia Antonio Evaristo Gudín Rodríguez-Magariños, la Audiencia Nacional ordenó proceder al pago de las indemnizaciones por la quiebra de Pescanova SA (vieja Pescanova). Suman un importe próximo a los 240 millones de euros. Era un mandato dirigido al expresidente Manuel Fernández de Sousa y a la propia sociedad, hoy sin actividad y que posee el 0,34% del accionariado de Nueva Pescanova. Pero Sousa, en la prisión de Soto del Real, presentó recurso para que la multinacional asuma su parte en los pagos. Y el fiscal Juan Pavía, el mismo que sometió al empresario a un severo interrogatorio durante el juicio, le ha dado la razón.
“El fiscal interesa que [...] se acuerde lo necesario para que la entidad Nueva Pescanova cumpla con su obligación de pago de dicha cantidad”, dice el escrito, al que ha tenido acceso Faro de Vigo, de Prensa Ibérica. Pero hay mucho más: para Pavía, en un escenario que había analizado ya este periódico, considera que esos 240 millones no deben ser sometidos a quita. Tanto la vieja Pescanova como Nueva Pescanova (propiedad casi exclusiva de Abanca) sostienen, por contra, que se trata de créditos concursales y que, por tanto, deben ser rebajados en el mismo porcentaje de quita aplicado en el concurso de acreedores de la SA, de un 97,5%.
“En opinión del Ministerio Fiscal, los créditos por responsabilidad civil ex delicto no deberían sufrir los efectos del convenio [...] Se trata de una responsabilidad civil extracontractual y, por tanto, de un crédito con privilegio general. Como tal, es inmune a las quitas y esperas del convenio de acreedores, salvo los casos de adhesión libre o forzosa”. En todo caso, Fiscalía recuerda que la decisión final corresponde al juzgado que instruyó la quiebra, que es el de Pontevedra. El pago solidario de 240 millones supondría una seria amenaza de continuidad para Nueva Pescanova, que prepara a día de hoy su tercer plan estratégico.
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