El alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, ha presentado un recurso contra la admisión a trámite de una demanda interpuesta contra él mismo y contra el concejal de Actividades, Mariano Juan; el de Hacienda, Pedro Juan, y un funcionario de los Servicios Económicos.
Según ha informado el Ayuntamiento, la querella está motivada "única y exclusivamente" por el interés particular de la empresa querellante para mantener el monopolio de la sanidad privada en Ibiza.
Según el Consistorio, resulta "sorprendente" que la denuncia sólo vaya en contra de tres políticos y de un técnico y no contra la Junta Local de Gobierno, organismo colegiado sobre el que hasta ahora recae la responsabilidad del procedimiento. El Ayuntamiento ha defendido la "corrección y legalidad" del proceso que sigue en tramitación.
Según han explicado, la persona que firma la querella y sus empresas no están domiciliadas en el municipio, por lo que su condición de interesado resulta de la competencia que le pueda suponer la puesta en marcha de otro centro sanitario.
El juzgado de Instrucción número 2 de Ibiza ha admitido a trámite una querella del propietario de la Policlínica Nuestra señora del Rosario, Francisco Vilás, contra el alcalde de Santa Eulària, Vicent Marí, el concejal de Urbanismo, Mariano Juan, el de Hacienda, Pedro Marí y un funcionario del departamento municipal de Hacienda por un supuesto "trato de favor" al promotor (Juan Tur Viñas) del complejo sanitario-asistencial Iniciativas Médicas de Ibiza y Formentera S. L., en Jesús.
Se trata de un proyecto con una inversión global de entre 60 y 65 millones, que se tramita desde hace años. El Consell de Ibiza otorgó en agosto de 2010 la declaración de interés general, con 42 prescripciones.
La juez instructora aprecia "apariencia delictiva" en lo que se expone en la querella y en la documentación aportada por el querellante. En concreto, considera que se podría haber producido un delito de prevaricación, por lo que ha decidido que se incoen diligencias previas y se dé parte a la Fiscalía. La primera diligencia ordenada, previa a la declaración de los querellados, ha sido requerir al Ayuntamiento a que remita al juzgado el expediente administrativo sobre la solicitud de licencia de actividad y el de obras.
La querella se fundamenta en la actitud "pasiva" del alcalde y el concejal de Urbanismo al no querer declarar la caducidad del expediente presentado por la promotora al no subsanar las múltiples deficiencias detectadas por los técnicos y superar con creces los plazos que le otorgó el Ayuntamiento para hacerlo.
Se da la circunstancia, además, que el Consistorio "sorpresivamente admitió" la presentación de un nuevo proyecto (con un nuevo número de expediente) sobre "el mismo complejo sanitario, en la misma finca y el mismo promotor" sin haber subsanado las deficiencias del anterior, una vez superados los plazos previstos para hacerlo, y sin que la junta de gobierno hubiera declarado la caducidad del mismo. Este es uno de los incumplimientos más significativos que sustenta la querella de Vilás.
La demanda contra Pedro Marí y el funcionario de Hacienda se sustenta en un supuesto delito de malversación al no cobrar al promotor las tasas por un valor de 11.363 euros, aunque en el auto de la juez no se hace referencia a este presunto delito.
