La Fiscalía de Ibiza recurrió ante la Audiencia Provincial el auto que dejó en libertad provisional a los cuatro detenidos en la operación que la policía judicial de la Guardia Civil y la Agencia Tributaria llevaron a cabo el pasado mes de julio en la discoteca Amnesia.
Los arrestados fueron el propietario de esta famosa sala de fiestas, Martín Ferrer, su hijo, Martí Ferrer, el apoderado de muchas de las empresas del primero, David de Felipe, y el contable, Vicente Pérez de Montis.
La Audiendia Provincial ha anunciado que se se pronunciará sobre el recurso de la Fiscalía el próximo mes de mayo.
El pasado 7 de julio, la jueza de guardia, que por turno era la magistrada Carmen Martín, titular de Instrucción 3, desestimó la petición de la Fiscalía, que pidió prisión sin fianza para los cuatro acusados. La jueza les impuso la obligación de comparecer periódicamente en el juzgado, les prohibió salir de España sin permiso y les retiró el pasaporte. La juez les imputa la presunta comisión de delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales.
El operativo policial que derivó en la detención de los responsables de la discoteca comenzó el 5 de julio a las siete de la mañana en la propia discoteca. Agentes de la policía judicial de la Mallorca y de la Unidad Central Operativa (UCO) de Madrid aterrizaron en helicóptero en el estacionamiento de la discoteca cuando el local acababa de cerrar. Los agentes registraron la oficina de la discoteca, para lo que se valieron también de dos perros adiestrados.
También se registraron, de forma simultánea, los domicilios de los sospechosos en la isla, así como otras viviendas y locales de Barcelona, un barco que, al parecer, es propiedad del dueño de la discoteca, y varias cajas de seguridad de al menos dos oficinas bancarias de la isla.
La investigación, tutelada por la jueza de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, comenzó por una denuncia presentada por la Fiscalía en octubre de 2015, que advirtió de que las empresas de Ferrer podrían haber eludido el pago de importantes cantidades del impuesto de sociedades y del impuesto sobre el valor añadido durante varios años consecutivos.
En la operación, los agentes de la Guardia Civil intervenieron al menos dos millones de euros, según fuentes cercanas a la investigación.
