El propietario del Grupo Playa Sol (GPS), Fernando Ferré, y su asesor fiscal, Josep Oller, tendrán que depositar en el plazo de una audiencia (tres días) desde que reciban la notificación una fianza de 48.569.397 euros para asegurar las responsabilidades pecunarias que pudieran imponérseles en el proceso penal abierto contra ellos. El auto será remitido probablemente a las partes el jueves de la semana que viene, según informan fuentes judiciales. Si no pagan, el magistrado Santiago Pinsach requiere al grupo hotelero el abono de este dinero, como responsable civil subsidiario. El juez recuerda que si no acatan la orden se embargarán bienes en cantidad suficiente para asegurar la suma señalada. Se trata de una de las fianzas más elevadas impuestas en la historia judicial española.
Además, el titular del Juzgado de Instrucción 4 de Ibiza declara la apertura de juicio oral contra los dos imputados, a través de un auto hecho público ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB). Todavía no se ha señalado una fecha para la vista que sentará en el banquillo al máximo responsable de uno de los grupos hoteleros más importantes de la isla. Contra este auto no cabe recurso.
GPS se encuentra bajo administración judicial después de que Ferré fuese detenido el 28 de mayo de 2010 y algunos de sus máximos responsables en los días siguientes en el marco de la operación Trueno, ordenada por la Fiscalía Anticorrupción. El empresario quedó en libertad con cargos tras estar en la cárcel poco más de un mes.
Ferré compró establecimientos hoteleros en Ibiza, Mallorca y Praga por valor de cerca de mil millones de euros. La cadena tiene 48 hoteles y unas 5.000 habitaciones en la isla. En verano da trabajo a cerca de 1.200 personas. El grupo, con un volumen de negocio anual cercano a los 36 millones de euros, no ingresó cuota alguna de IVA ni impuesto de sociedades en varios ejercicios, según la Fiscalía Anticorrupción.
Para eludir los pagos, GPS usaba un entramado de más de 300 sociedades diferentes que cambiaban constantemente de domicilio, según la acusación pública. El 14 de enero los administradores judiciales del grupo solicitaron la declaración de concurso de acreedores de 266 de ellas, el mayor de la historia de España en cuanto a número de empresas involucradas. Cincuenta cajas de legajos, con alrededor de 125.000 folios en su interior, colapsaron el juzgado.
18 millones para Hacienda
El Ministerio Fiscal solicita 81 años y siete meses de prisión para Ferré y el pago de multas por valor de más de 18 millones de euros. Para su mano derecha pide catorce años y medio de cárcel y el pago de 18.213.524 euros. Si son condenados, perderán la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y el derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales o de la Seguridad Social, durante seis años Ferré y durante tres años Oller. Por último, el fiscal solicita que ambos paguen de forma solidaria, en concepto de responsabilidad civil, 17.056.335 euros a la Hacienda Pública Estatal y 1.157.188 euros a la de Balears.
Ahora, Ferré y su asesor fiscal se sentarán en el banquillo acusados de 18 delitos: uno contable; ocho más contra la Hacienda Pública Estatal, cuatro por defraudar el IVA y otros cuatro el impuesto de sociedades entre 2005 y 2008; seis por fraude contra la Hacienda autonómica, cuatro por defraudar en las retenciones sobre el rendimiento del trabajo personal entre 2006 y 2009 y dos en relación con el impuesto de transmisiones patrimoniales; otro por reclutar a trabajadores extranjeros en sus países de origen con contratos cuya finalidad era eludir las normas laborales españolas; uno más por imponerles condiciones laborales que perjudicaron sus derechos, tanto de seguridad social como de percibo de salarios, horas extras, descansos y condiciones de residencia en habitaciones no aptas; y el último por ser las condiciones de los barracones y habitaciones en las que se hacinaban los inmigrantes «perjudiciales para la salud e higiene de los trabajadores».
En la causa se han personado cuatro acusaciones particulares: la abogacía de la Comunitat Autònoma, la del Estado, la confederación sindical de CCOO de Balears y UGT. Solicitan penas de hasta 16 años de cárcel para Ferré y su asesor fiscal y cuantiosas indemnizaciones.
