Representantes de la Sociedad Gestora Cetis interpusieron ayer ante los juzgados de Palma la demanda mediante la que exigen al Ayuntamiento de Ibiza el pago de una indemnización de 16 millones de euros en concepto de daños y perjuicios por las pérdidas que está ocasionando a esta empresa la falta de explotación comercial de la estación de autobuses y de los locales comerciales del mismo edificio.
El portavoz y letrado de la Sociedad Gestora Cetis, Jorge Herranz, informó tras registrar el recurso contencioso administrativo en la sede judicial de Palma, que dicho documento solicita al juez que adopte, previamente a la emisión de sentencia, la orden cautelar de desalojar la Torre 1 del edificio Cetis, donde se encuentra la Policía Local de Ibiza, al considerar que está ocupando sin los debidos requisitos legales dichas dependencias y que ello supone incluso «un cierto peligro» para la seguridad, del que podría «llegar a ser responsable la propia concesionaria», señaló Herranz.
Esta petición es una de las tres que contiene el recurso presentado ante la Justicia. Las otras dos consisten en reclamar la apertura inmediata de la estación y la exigencia al Ayuntamiento de Ibiza del pago de 16 millones de euros para compensar los daños y perjuicios causados por mantener paralizada la explotación del Cetis desde abril de 2011, ocasionando así a la empresa cuantiosas pérdidas. «Se han tenido en cuenta varios conceptos: los daños y perjuicios por las oficinas y locales que no se alquilan, la desocupación del parking y los perjuicios por la no entrada y salida de autobuses», explicó Herranz. Todas estas actividades están vinculadas a la «esencia» de la actividad comercial, que es la estación de autocares. «Si la esencia del negocio no se cumple, pues hay que liquidar esos daños y perjuicios», añadió.
Acciones penales
Para fijar la cuantía de esa indemnización la empresa ha tomado como base del cálculo «la tarifa que hoy está aprobada, que es la que en su momento aprobó el Ayuntamiento», es decir, 50 euros por cada entrada y salida de autobuses. «Ya dirá luego el juez si el criterio ha de ser otro», afirmó el letrado del Cetis.
Aparte de todo ello, «se estudian posible acciones de responsabilidades personales contra los responsables políticos de esta situación». El abogado advirtió de que «no se descartan acciones penales por si hay situaciones delictivas». En concreto, aludió a la figura de la prevaricación por omisión que recoge el Código Penal para situaciones como esta.
Respuesta: «El Ayuntamiento nunca se ha parado»
El equipo de gobierno de Ibiza respondió con un comunicado a la interposición del recurso de la empresa Cetis y dijo que esta denuncia «no se ajusta a la realidad». «Las decisiones que hay que tomar sobre la apertura de la estación de autobuses son complejas, dada la importancia que tiene una instalación así para el funcionamiento de la ciudad y la isla», señaló el concejal de Movilidad, Juan Mayans, quien recordó que «en los últimos meses se han estado efectuando múltiples reuniones con las partes implicadas (concesionarios y administraciones) y todos los pasos que se han ido tomando han estado apoyados siempre por informes técnicos, económicos o jurídicos».
Según dice el mismo concejal en la citada nota, «el Ayuntamiento no ha estado parado en ningún momento en lo que respecta a esta cuestión». Mayans informó de que el Consistorio ha recibido ya el informe solicitado para determinar la cuantía final de las tarifas de la estación. Sin embargo, este informe «ha puesto de manifiesto diversas cuestiones jurídicas que el equipo de gobierno desconocía y, antes de hacer cualquier tipo de valoración, se ha trasladado a los servicios jurídicos de la Corporación para que lo estudie», señala la nota.
