Como consecuencia del rosario de reclamaciones presentados por las constructoras de las autovías de Ibiza contra el Govern balear por toda clase de incidencias en la ejecución de las obras, se han venido produciendo en los últimos años un goteo de sentencias judiciales que obligan a pagar sobrecostes a las empresas, aunque hasta ahora habían sido por cantidades menores y no eran firmes, a diferencia de la que ya ha ratificado esta semana el Tribunal Supremo que obliga pagar 22,2 millones a Ibisan.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Balears emitió también, el 27 de febrero de 2015, otro fallo que condenó al Govern a pagar 7,8 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas Accesos Ibiza, concesionaria de la autovía del aeropuerto y constituida por Adriano y Ortiz Construcciones y Proyectos. En este caso la constructora reclamaba también el restablecimiento del equilibrio económico-financiero de la concesión por los sobrecostes que ocasionó el retraso en la ejecución de la obra, atribuidos a los «importantes altercados de orden público» que se produjeron a raíz de la oposición de los propietarios afectados y de los ´antiautopistas´, y a la obligación de trasladar las plantas de aglomerados, suelocemento y hormigón a otro emplazamiento para «evitar una mayor confrontación».

El tribunal reconoció que las circunstancias alegadas por la contratista «entran de lleno en la causa de fuerza mayor» que prevé la legislación para «reequilibrar la ruptura económica del contrato», ya que originaron unos sobrecostes «que no pueden ser incluidos en el concepto de riesgo y ventura». Aunque la UTE Accesos Ibiza cifraba los sobrecostes en casi diez millones de euros, la sentencia del TSJB la redujo a los 7,8 millones que condenó a pagar al Govern balear.