El Govern prohíbe el uso de los móviles en los colegios e institutos

El Govern ha limitado al máximo el uso de los teléfonos móviles en las aulas de los institutos y colegios de Balears. Solo se podrán utilizar en casos excepcionales, como niños con problemas de salud o actividades concretas en clase que requieran de un dispositivo.

Así lo anunció ayer el conseller de Educación, Antoni Vera, después de la reunión de la Mesa del Alumnado, que se celebra con estudiantes de distintos centros educativos de las islas. La medida será especialmente restrictiva en Primaria, mientras que en Secundaria (ESO y Bachillerato) se contemplan casos puntuales por motivos pedagógicos. «Por ejemplo, si un profesor realiza una actividad en clase y quiere que los alumnos busquen contexto histórico con el móvil», explicó Vera.

El conseller habló en todo momento de «limitación», puntualizando que la prohibición no es total porque si un alumno necesita tener móvil, «por ejemplo por cuestiones médicas», podrá hacerlo, pero la instrucción, que se aplicará en todos los centros públicos y concertados, será restringir el uso generalizado de los dispositivos, también en el tiempo de recreo.

De hecho, la gran mayoría de colegios e institutos de Balears ya contemplan esta medida en sus reglamentos internos. La intención de la Conselleria, señaló Vera, es «ponerla en común» en las islas y que todos vayan a la par, «siempre respetando la autonomía de los centros».

Los profesores y maestros, por su parte, sí podrán emplear el móvil, aunque el conseller les instó a hacer un uso «adecuado» al contexto y pidió que se utilice en casos puntuales y solo si es necesario. En Formación Profesional o enseñanzas de régimen especial, como el Conservatorio, el uso será distinto al ser áreas en las que «hay un mayor número de adultos».

A partir de ahora, la intención del conseller es modificar el borrador con las aportaciones de todos los agentes implicados a medida que vaya presentando la instrucción. Una vez consensuado, la idea es publicarlo en febrero para que entre en vigor este mismo curso escolar.

De hecho, el borrador que ha empezado a presentar la Conselleria ya ha sufrido varios cambios. En principio, la instrucción hace referencia a que los docentes tienen la capacidad de confiscar el móvil como medida correctora, pero este punto se eliminará, aseguran desde Educación. Queda en el aire cómo se formulará, y si finalmente habrá una figura en los centros escolares que tenga poder para requisar un teléfono.

Otro punto que se excluirá del borrador es el que reza que «el centro educativo podrá acceder a los contenidos del teléfono móvil sin el consentimiento de las personas implicadas» en caso de que el colegio lo vea necesario, por ejemplo en situaciones de interés público o que pongan en riesgo la integridad de un alumno. Esta disposición, avisan desde la Conselleria, quedará fuera de la instrucción final porque no se ajusta a la legalidad.

Cabe recordar que Educación no ha estado siempre por la labor de prohibir el móvil en las aulas. Hace tan solo un mes, cuando se puso el debate sobre la mesa, el departamento se decantó por dar «total libertad a los centros» para que regulen el uso de los dispositivos, y prometió elaborar unas instrucciones que en cualquier caso serían opcionales. En tan solo unas semanas, la Conselleria ha cambiado radicalmente de opinión y ha decidido impulsar una limitación generalizada y de obligado cumplimiento, aunque consensuando las condiciones con todos los implicados.

Los estudiantes, a favor

Ayer fue el turno de los estudiantes, que se mostraron satisfechos con la decisión y consideraron que es «necesaria». A la reunión con el conseller asistieron diez jóvenes de todas las islas en representación del alumnado, elegidos por sorteo entre todos los estudiantes que forman parte del Consell Escolar de sus centros.

Uno de ellos era Francesc Bibiloni, del IES Alcúdia: «La prohibición es totalmente correcta. Nos hemos convertido en una sociedad que se comunica más por medios electrónicos, y hay que revertir eso porque al final no es productivo», razonó en declaraciones a los medios. Bibiloni admitió que en las aulas, especialmente en la ESO, los estudiantes hacen un «uso irregular» de los teléfonos móviles hasta «niveles bastante graves», teniendo en cuenta que esto fomenta el ciberacoso y las malas prácticas con la inteligencia artificial. Con todo, Bibiloni trasladó la principal preocupación de los alumnos: los «castigos» que pueda conllevar la medida. «Nos parece correcto que requisen el móvil toda una mañana, pero no varios días, porque nos deja incomunicados por si nos pasa algo», argumentó.

Víctor Pons, del IES Biel Martí de Menorca, también asistió a la reunión ayer y cree que la limitación tendrá un «impacto muy positivo en las clases»: «El índice de atención ha disminuido en los últimos años. Esta medida es un paso adelante para mejorar el sistema educativo». De cara al futuro pidió diferenciar entre los «errores», como dejar el teléfono con sonido por descuido, y las «faltas de respeto a la convivencia» entre estudiantes que escogen de forma consciente utilizar el móvil en horas lectivas.

Los directores agradecen el «apoyo legal» pero no quieren «ser policías»

Claustros de docentes, equipos directivos y sindicatos coinciden en que el uso del móvil en las aulas ha mermado el rendimiento académico y ven con buenos ojos la prohibición que ha anunció la conselleria de Educación ayer, pero con matices. La presidenta de la Asociación de Directores de Infantil y Primaria (Adipma), Joana Maria Mas, cree que «una vez más» se carga «todo el peso de un problema de la sociedad» en los centros escolares, en lugar de atacar el problema de raíz, y que se convierte a los equipos directivos en «policías» que controlan el uso de los dispositivos y custodian los que se requisan.

«En la mayoría de centros ya está prohibido y algunos estudiantes llevan móviles igualmente porque sus familias se lo dan. El problema no es de los colegios», plantea la dirigente. Para la responsable, esta medida «pone contra las cuerdas a los equipos directivos», porque deja en sus manos la decisión de requisar los teléfonos, y los convierte en «policías» encargados de custodiar el móvil y llamar a las familias para que vengan a recogerlo: «Es un problema más en los centros, aunque se origine fuera, porque el móvil lo dan los padres», lamenta.

Pone como ejemplo la medida que ha tomado el colegio que dirige, el CEIP Ses Rotes Velles: «Las familias que dan teléfonos a sus hijos firman un papel. Así, los estudiantes que tenemos constancia que vienen con móvil, lo dejan en un cajón con llave al entrar y lo recogen al salir», explica. Este método es cada vez más utilizado en los centros de la isla, afirma.

El presidente de la Asociación de Directores de Educación Secundaria de Mallorca (Adesma), Joan Ramon Xamena, lo ve diferente. «Nos parece muy bien, hace años que pedimos esta medida en las aulas», comenta. De esta manera, profesorado y equipo directivo estará «más tranquilo», considera, al tener un «apoyo legal» cuando confiscan los teléfonos.

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