El Consell de Ibiza dio ayer en el pleno carpetazo al plan insular de transporte de viajeros por carreteras del anterior gobierno progresista cuya tramitación, en el pasado mandato, quedó sin terminar. En su lugar, el nuevo gobierno, formado por PP y Ciudadanos, aprobó, de nuevo inicialmente, una nueva planificación del transporte en autobús de la isla que, con un coste de 14,4 millones, supondrá un déficit que cubrirá el Consell de 2,3 millones de euros, sin contar, además, los 1,1 millones al año que abona la institución para que los jubilados y menores de 18 años puedan viajar gratis.
El nuevo plan de transportes introduce «cambios sustanciales» con respecto al anterior, según el vicepresidente segundo, Javier Torres. Básicamente, la eliminación de la integración del transporte escolar con el convencional y la división de las líneas de transporte en autobús en dos concesiones, en lugar de sólo una, como pretendían PSOE y Podemos Guanyem.
También se introducen otras modificaciones a propuesta de los ayuntamientos como una línea que una Santa Eulària con Sant Antoni que funcionará todo el año, no sólo en verano, y conexiones con Santa Gertrudis, así como una línea entre Sant Joan y Sant Antoni que cubrirá los núcleos de Sant Miquel, Santa Agnès y Sant Mateu.
Este plan, que es obligatorio y preceptivo para sacar a concurso las nuevas concesiones (las actuales están prorrogadas), estará en exposición pública durante 30 días hábiles (seis semanas), según Torres, que calcula que en «dos o tres meses» se podría llevar a pleno su aprobación definitiva. Torres considera que «la carga de alegaciones» será «inferior» a la que recibió el anterior, por lo que estima que el corto plazo previsto para cerrar definitivamente este plan es factible.
El sobrecoste del Cetis
El sobrecoste del Cetis
Acto seguido, se procederá a la aprobación inicial del proyecto de líneas (el documento que detallarán las paradas y frecuencias de cada trayecto), documento en el que, según Torres, ya se esta trabajando, para, en última instancia, aprobar el pliego de la licitación previa al concurso. «Existe el riesgo, como en toda licitación, de que pueda haber una alegación que obligue a parar el proceso, pero esperamos que no suceda», indicó.
El coste total del nuevo plan se sitúa en 14,4 millones de euros. Los ingresos previstos por recaudación ascienden a 10,4 millones, a lo que se añaden 1,1 millones de subvención por viajero que aportará la Administración y 500.000 euros en publicidad, lo que suma un total de 12,1 millones (2,3 millones menos de los costes previstos). Este déficit no incluye los 1,1 millones que abona anualmente el Consell por la tarjeta dorada y joven , por lo que la carga económica del Consell asciende a casi 3,5 millones.
En esta suma también se incluye la partida de un millón de euros que paga anualmente la institución por el uso de la estación de autobuses del Cetis, en Vila. Torres recuerda que se cambiarán las tarifas, lo cual, puntualiza, no quiere decir que se aplique una subida generalizada, sino que se podría optar por encarecer el billete sencillo y ofrecer bonos más económicos para «los residentes que usan el transporte habitualmente». «Todo esto se concretará más adelante».
En cuanto al sobrecoste que supone el uso del Cetis, el vicepresidente segundo recuerda que Vila y el Consell están trabajando conjuntamente en «la revisión de las tarifas». «Si este estudio concluyera que el coste ha de ser cero o casi cero, esta parte que nos ahorraríamos, revertería en la mejora del servicio: aumento de frecuencias, modernización de la flota de vehículos...», resaltó.
Actualmente, el Consell aporta cuatro millones anuales para cubrir el déficit que genera el transporte público por carretera: tres millones para sufragar las pérdidas de las líneas con menos demanda y un millón por el uso del Cetis.
Torres explicó que las nuevas concesiones se dividirán en dos concesiones, una para cubrir las conexiones urbanas y periurbanas de Vila y otra para las distancias más largas. Hay que tener en cuenta que Vila y el Consell han pactado verbalmente incluir el sistema de transporte urbano de la capital de la isla en el sistema insular.
La crítica anterior del PP
La crítica anterior del PP
El informe de la interventora advierte de que se deberán articular «los instrumentos legales» para que se haga efectiva la renuncia de Vila a ejercer su competencia del transporte urbano, y elaborar un estudio económico para determinar el coste que le supone al Consell ejercer una competencia impropia.
Paradójicamente, en junio de 2018, cuando el anterior gobierno de PSOE y Podemos-Guanyem aprobó inicialmente su plan de transporte de viajeros por carretera, la entonces consellera del PP Pepa Costa criticó que este documento nacía tocado porque la normativa europea sólo permite aquellas concesiones que son «autosuficientes».
En ese caso, el coste del plan ascendía a 15,3 millones y el déficit se situaba en 4,6 millones que se iba a sufragar con una aportación del Consell de 2,5 millones y otra de la conselleria balear de Educación (por la integración del transporte escolar). En todo caso, tal como señaló Torres, aparte de «los riesgos y problemas» que, según el vicepresidente, entraña juntar el transporte escolar con el convencional, «no se sabía nada de la financiación» que iba a aportar el Govern.
En contra de lo que manifestó Pepa Costa en junio de 2018, Torres, que es de Ciudadanos, dijo que la concesión puede ser deficitaria porque, de lo contrario, «sería imposible ofrecer determinados servicios». «Al final se trata de un servicio público y, por tanto, no tiene por qué ser rentable».
Ayudas para comprar bicis
Ayudas para comprar bicis
Durante el pleno, el portavoz del PSOE, Vicent Torres, calificó de «despropósito» y «fraude» para los ciudadanos la aprobación de un nuevo plan de transportes que supone, dijo, «tirar tiempo y dinero a la papelera», mientras que el conseller de Unidas Podemos Joaquín Saucedo lamentó «la tozudez» del nuevo equipo de gobierno por enterrar el documento anterior y aprobar uno nuevo, lo que retrasa las nuevas concesiones.
A propuesta de Unidas Podemos, el pleno aprobó por unanimidad crear una línea de ayuda de 100 euros para la compra de bicicletas normales o patinetes, 300 para bicicletas eléctricas y 200 euros para kits de electrificación de este medio de transporte. Con este novedoso plan se pretende fomentar el uso de la bici, más ahora que, con la crisis sanitaria, ha bajado la demanda del transporte público y se usa aún más el coche privado.
