La Asociación de Centros Infantiles de Ibiza de la Pimeef mostró ayer su «máxima preocupación» por las medidas que debe adoptar el sector para ofrecer la mayor seguridad a los niños, a las familias y a los trabajadores, pero avanzan que de momento, con las condiciones impuestas por el Govern, que descarga sobre las guarderías privadas «toda la responsabilidad al decidir no abrir los centros escolares públicos», no van a poder abrir sus centros y muchos de ellos, aseguran, deberán incluso cerrar sus puertas definitivamente.
Ante el anuncio de la asociación, la consellera insular de Cultura y Educación, Sara Ramón, avanzó ayer que remitirá una carta al conseller balear, Martí March, para que aclare la situación de estos centros ante la reapertura. Ramón calificó de «confusas» las declaraciones de March el jueves: «Por una parte, habló de escoletes públicas y municipales, y no quedó claro dónde se situarían las gestionadas por los consells [en Ibiza, tres]». Además, quiere conocer las razones por las cuales sí pueden reabrir los centros privados, pero los públicos no.
La asociación de centros admite la necesidad social de que se reinicien sus servicios «para que las familias puedan conciliar la vida laboral y familiar», pero considera que las medidas que deben aplicar son «insostenibles para las empresas del sector, que se encuentran frente a una grave situación económica y social desde el cierre y que se verá agravada ante sus hipotéticas reaperturas».
Todos los centros infantiles de la isla afrontan ahora mismo «una gran inseguridad» después de la decisión de Educación de no abrir los centros de los cuales son titulares y, sin embargo, dejar al criterio de los privados la posibilidad de reabrir con las restricciones «impuestas por el Govern», tanto en número de niños que podrán acoger, como en medidas higiénicas y sanitarias.
«Pensando en la salud y el bienestar de los más pequeños y en la necesidad de los padres de la conciliación familiar, y aún más en estos momentos, creemos que la forma en la que se da opción al sector de volver a abrir las puertas es totalmente desacertada», afirman los integrantes de la asociación, que critican que el Govern descargue la responsabilidad en los centros que no gestiona, llevando a las guarderías privadas «a una situación totalmente insostenible que, si no cambia, derivará en el cierre definitivo de muchos centros».
La asociación observa «con angustia» cómo se puede agravar una crisis social debido a que ningún centro homologado ni no homologado abra puertas. Esto, consideran, llevaría a un incremento de la economía sumergida en el sector, exponiendo a los niños a riesgos al dejarlos en viviendas particulares no acondicionadas y sin ningún control. El sector ya ha hecho llegar al Govern qué medidas son más difíciles de adoptar para abordar soluciones, pero aún no han recibido ninguna respuesta por parte de Educación.
A pesar de todo, los centros privados siguen trabajando en la búsqueda de soluciones para poder reabrir. «No tiramos la toalla», señalan, pero anticipan que necesitan ayuda para hacer sus negocios económicamente sostenibles.
