El número de altos cargos de Podemos que cobran un plus de 22.000 euros por tener fijada su residencia fuera de Balears ya se eleva a seis. Además de la asturiana Paula Valero; el catalán Félix Alonso; el vasco Aitor Urresti; y el alicantino Fernando Fernández, hay que sumar otros dos cargos de confianza del vicepresidente del Govern Juan Pedro Yllanes. Se trata de su asesora parlamentaria Diana Alonso, natural de Canarias y nacida en Francia, y del sevillano Fernando Navarro. Ambos trabajaron en el Parlamento europeo y Navarro también fue asesor parlamentario en el Congreso de los Diputados.
El complemento salarial que perciben estos seis fichajes podemitas traídos de otros lugares de la península supone un desembolso para el Govern de 132.000 euros al año. Aparte, se reparten 336.000 euros públicos anuales -unos 56.000 por cabeza- en concepto de nómina de alto cargo.
La mayoría de ellos tiene un denominador común; se han quedado este año sin puesto en sus respectivas autonomías por el retroceso electoral de Podemos, y han sido recolocados en las islas. Paula Valero, directora general de Soberanía Alimentaria, perdió su escaño en Asturias; Félix Alonso también se quedó sin su escaño en el Congreso por Tarragona, y Fernando Fernández, jefe de gabinete de la consellera Mae de la Concha, también había dejado de ser asesor de Podemos en el Congreso. Lo mismo ocurre con Fernando Navarro, cuyo último puesto había sido asesor de Podemos en el Congreso, así como Diana Alonso en el Parlamento europeo. El único que no había tenido cargo público es Aitor Urresti, director general de Energía y Cambio Climático, que era profesor de la Universidad del País Vasco.
Entre las bases de Podemos-Balears, cuando empezaron a llegar estos fichajes peninsulares, se desencadenó un gran malestar. Se preguntaban si en Balears no había gente preparada para nombrar, para que Yllanes y De la Concha tuvieran que recurrir a políticos de Asturias, Alicante, Cataluña, Sevilla o Canarias, con escaso o nulo conocimiento de Balears.
El espíritu del plus de 22.000 euros se concibió para los mallorquines no coparan los puestos de relevancia del Govern balear. Mediante esta compensación para gastos de residencia y desplazamiento, consellers y directores generales de Menorca, Ibiza y Formentera pudieron ostentar cargos en el Ejecutivo autonómico y residir en Mallorca.
Sin embargo, en el año 2011 el PP introdujo un cambio en la Ley de Presupuestos e hizo extensivo el derecho a cobrar este complemento salarial a los peninsulares. Biel Company, a la sazón conseller de Agricultura y Medio Ambiente, quiso fichar para la Comisión Balear de Medio Ambiente a su colega José Carlos Caballero, procedente de la asociación agraria Asaja nacional, y con residencia en Madrid. Con el cambio, Caballero pasó a cobrar en 2012 el sobresueldo restringido hasta el momento para pitiusos y menorquines. En la anterior legislatura del Pacto, salvo los altos cargos de Menorca, Ibiza o Formentera, no percibió los 22.000 por tener fijada su residencia fuera de Mallorca ningún cargo procedente de la península.
Armengol niega el malestar
La presidenta del Govern, Francina Armengol, rechazó ayer que haya recelos en el seno del Govern por las diferencias salariales que genera el cobro del plus de residencia para los seis altos cargos de Podemos procedentes de otras autonomías, y que está siendo la comidilla entre funcionarios y políticos. «No tengo constancia de que haya malestar», afirmó la presidenta, que recordó que este plus «es habitual y se ha cobrado siempre» para los cargos que no residen en Mallorca.
