El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) ha estimado dos nuevos recursos de una empresa y un particular que obligan al Consell de Ibiza a tramitar otras 41 solicitudes de licencia de alquiler de vehículos con conductor (VTC) «sin restricciones cuantitativas».

Así, suman ya seis sentencias judiciales que fuerzan a la institución insular a resolver de «forma reglada» (verificar si las compañías cumplen los requisitos que exige la ley de transportes) un total de 126 licencias de VTC. Actualmente, en Ibiza hay 50 licencias de este tipo otorgadas, por lo que estas sentencias pueden provocar una distorsión en el sector.

Al igual que en los cuatro fallos judiciales anteriores, en las dos últimas sentencias, contra las que también cabe recurso de casación ante el Supremo, el TSJB concluye que el cupo de VTC que aprobó en su día el Govern balear (una licencia por cada 6,7 de taxi) no se puede aplicar a estas 41 licencias (dos paquetes de 20 y 21) porque se solicitaron antes de que el Estado aprobara el reglamento que permitía a las comunidades autónomas fijar una limitación. Estos 41 permisos de VTC se solicitaron el 23 de febrero de 2015 y el 6 de noviembre de 2014.

El Consell desestimó estas solicitudes por silencio administrativo. Posteriormente, los juzgados número 1 y 3 de lo Contencioso Administrativo rechazaron los recursos de los afectados y avalaron la decisión de la institución insular. Pero el TSJB ha dado ahora un vuelco a la situación al aceptar los recursos de apelación y obligar al Consell a considerar las 126 peticiones de licencias sin ninguna restricción cuantitativa.

La consellera insular de Movilidad, Pepa Marí, ya aseguró a finales de marzo que el Consell recurrirá estas sentencias ante el Supremo. Marí explicó entonces que la institución denegó (o ni siquiera respondió) a todas estas solicitudes de VTC al amparo del decreto balear que marca un techo y recordaba que «aún está en vigor». En todo caso, las sentencias especifican que, a la hora de evaluar estas 126 licencias (la consellera no supo concretar si hay más recursos pendientes de resolución judicial), no se puede aplicar ninguna limitación cuantitativa. «Es una incongruencia. La obligación del Consell era aplicarlo en su momento y ahora con base en esto denegar las licencias solicitadas. Defenderemos nuestra actuación porque entendemos que hicimos l0 que corresponde», dijo.

La consellera considera que detrás de estas solicitudes de licencia de VTC subyace el interés de ofrecer un servicio alternativo de taxi a través de canales de venta como Uber y Cabify. Por su parte, el presidente de la Asociación de Transporte Discrecional en Ibiza y vicepresidente de la de VTC de Balears, Emilio Díaz, advirtió, tras la publicación de las primeras cuatro sentencias, que el criterio aplicado por el TSJB supone «un desajuste» y «un desastre».