Las asociaciones de taxistas de autónomos de Santa Eulària y Sant Joan y las minoritarias de Vila Unió Pitiusa y Asociación de Taxistas Profesionales advierten al Consell de que el régimen de recogida de viajeros y alguna de las tarifas que se aplican en los servicios que se prestan en municipios distintos al de origen no se ajustan a la normativa. La jefa del servicio de Ordenación de la conselleria balear de Territorio, Energía y Movilidad defiende que la orden reglamentaria en vigor en Ibiza es la que aprobó el Consell en 2012 tras la anulación de la de 2013 por una sentencia judicial. Los ayuntamientos regulan el funcionamiento de los taxis en sus municipios, pero corresponde hacerlo al Consell en los servicios que se prestan en otras localidades.

Los taxistas cobran el trayecto de retorno (si un cliente quiere hacer un desplazamiento de ida y vuelta) pese a que no está previsto ni en la orden de 2012 ni en el acuerdo del Consell de junio de 2014 con el que se actualizaron las tarifas tras la anulación de la reglamentación de 2013 (donde sí figuraba esta tarifa).

Esta cuestión es «importante», destaca el vicepresidente de la Asociación de Taxistas Profesionales de Vila, Joan Marí, ya que, por ejemplo, en el caso de que una madre o un padre utilice un taxi para acompañar a su hijo al colegio, «no se debería cobrar el trayecto de vuelta a casa, pero se hace». «Antes se hacían más servicios de este tipo. Desde que se cobra la vuelta ya no se prestan tantos», dice Marí.

También tiene incidencia, por ejemplo, en el caso de las personas que han de desplazarse a otro municipio para llevar a cabo algún tipo de gestión (el taxista sólo debería cobrar el trayecto de ida y el tiempo de espera, pero no la vuelta) o aquel que va en taxi al aeropuerto y a medio camino se da cuenta de que se ha dejado algo en casa y se ve obligado a dar vuelta atrás.

Las cuatro asociaciones de taxistas, que son las que en su día recurrieron la orden de 2013 por no ajustarse a la legislación que estaba en vigor, han remitido un escrito al Consell en el que piden que se adapte «a la legalidad» tanto el régimen tarifario como el de recogida de viajeros que se aplica «por ser contrario a la norma vigente».

En cuanto al sistema de carga y descarga de viajeros en los viajes entre municipios, la orden de 2012 no preveía el GPS, que no existía. Así, explica Marí, los servicios de GPS (la petición que recibe un taxista en un municipio distinto al suyo) «no están regulados».

La orden de 2012 marca las condiciones en las que un taxista de Vila puede recoger a un pasajero en Sant Antoni u otro municipio, por ejemplo, ya sea en una parada (si no hay otros vehículos de Sant Antoni en este caso) o en la calle (a una distancia mínima de 100 metros de una parada o si el cliente levanta la mano), pero «no las del GPS». «Las normas las ponen los taxistas mientras no se apruebe un reglamento insular del GPS», dice.

Joan Marí critica que el Consell «no dé importancia a estas cosas», cuando «mejoraría el servicio del taxi», que es «lamentable». Por ello, reivindica que el Consell haga cumplir la orden de 2012, o bien apruebe una nueva. De no hacerlo, «se seguirá adelante» con una reclamación en el juzgado.