El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció ayer en una comparecencia en el Congreso de los Diputados un paquete de medidas destinado al mercado de la vivienda para favorecer el acceso de la ciudadanía a este derecho básico, y entre las actuaciones previstas figura una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) para excluir de ella los pisos turísticos. Esta oferta es una de las causas del incremento de los alquileres en zonas turísticas como Ibiza, donde gran parte del stock de viviendas se alquilan sólo durante el verano y a precios muy elevados, evitando que entren en el mercado residencial.

El presidente, durante su intervención de ayer ante el pleno del Congreso de los Diputados para exponer su línea de gobierno, aseguró que su Ejecutivo «ajustará la definición de arrendamientos de temporada para excluir de la Ley de Arrendamientos Urbanos la vivienda turística».

También anunció que el Gobierno elevará la prórroga forzosa en los contratos de arrendamiento de tres a cinco años y limitará las finanzas adicionales que deben aportarse en un alquiler.

Petición insistente

Estas eran algunas de las peticiones que efectuaron los grandes ayuntamientos españoles para proteger a los inquilinos frente al uso especulativo de la vivienda por parte del mercado turístico.

La modificación de la Ley de Arrendamientos Urbanos para que deje de amparar los pisos turísticos es también una insistente reivindicación de diversos colectivos e incluso patronales pitiusas y de Balears. Tal y como ahora está redactada, la LAU crea cierta confusión sobre la posibilidad de alquilar pisos a turistas, por lo que ahora el Gobierno socialista de Pedro Sánchez quiere dejar claro que las viviendas en edificios plurifamiliares han de tener carácter residencial y dejar de ser un 'coladero' para pisos de uso turístico, como están fomentando las grandes plataformas digitales.

El anuncio hecho ayer por el presidente, sin embargo, constituye de momento sólo una declaración de intenciones, dado que deberá presentarse el correspondiente texto legislativo y someterse a aprobación en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno cuenta con una mayoría muy precaria.

En su comparecencia de ayer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de su programa de gobierno antes de las próximas elecciones generales, el presidente del Gobierno llamó a «rescatar una auténtica política de vivienda al servicio de la ciudadanía, en especial en materia de alquileres», y por ello ha manifestado que su Gobierno se propone «reorientar el Plan Estatal de Vivienda 2018-2021 hacia vivienda pública y de alquiler». «Nos proponemos impulsar un parque de 20.000 viviendas públicas en un plazo de cuatro años, destinadas de forma indefinida al alquiler en aquellos municipios con demanda acreditada», indicó ante los parlamentarios.