La Policía Local de Sant Josep ha precintado una casa particular ubicada en la carretera de sa Caleta donde se estaba ejerciendo la prostitución, informó ayer el Ayuntamiento. Se trata de un negocio que se anunciaba como Casa Mónika y que, previamente, había sido instalado en otra casa particular de sa Carroca, donde también fue clausurado por el Ayuntamiento en 2006.

Según el Consistorio, la Policía Local supo que el establecimiento volvía a funcionar, aunque en otra ubicación distinta, después de que la misma propietaria de la casa denunciara que sus arrendatarios estaban ejerciendo una actividad prohibida en el contrato de alquiler que habían firmado.

A raíz de esta denuncia, la Policía Local y la Guardia Civil desplegaron un operativo conjunto que permitió comprobar que en el establecimiento se ejercía la prostitución. Desde Sant Josep añadieron que los agentes locales recogieron declaraciones de algunos clientes que manifestaron que habían abonado 150 euros por mantener relaciones sexuales y consumir bebidas alcohólicas, lo cual confirmó el contenido de la denuncia.

Debido a que el negocio no disponía de ninguna licencia de actividad, el Ayuntamiento ordenó la paralización inmediata, pero los propietarios la ignoraron, explicó el Ayuntamiento.

El pasado día 19 de enero, agentes de la Policía Local procedieron a precintar la actividad por una infracción muy grave del artículo 104.5 de la Ley 7/2013 de Régimen Jurídico de Instalación, Acceso y Ejercicio de Actividades de Balears.

En un principio, el propietario se negó a permitir que los agentes colocaran el precinto y manifestó que había cesado la actividad en la casa. Los agentes le dijeron «que podría estar incurriendo en un delito de desobediencia, perseguible penalmente», dijeron desde Sant Josep, por lo que finalmente accedió. El Ayuntamiento tiene previsto realizar nuevos controles en la zona para comprobar el estado de los precintos y que, efectivamente, se ha dejado de realizar esta actividad. Además del precinto de la casa, el Ayuntamiento informó de que la medida llevará aparejada la sanción económica prevista en la normativa, que parte de 10.000 euros y se va elevando en caso de reiteración.

«No quiero este tipo de locales en mi municipio», manifestó la concejala y primera teniente de alcalde, Paquita Ribas, que sin embargo recordó que las actuaciones emprendidas van exclusivamente contra el negocio allí establecido, no contra la vivienda.

Existe la sospecha de que antes de trasladarse a la carretera de sa Caleta, este local de alterne estuvo funcionando en algún otro municipio de la isla, siguiendo el procedimiento de alquilar una casa a cuyo propietario se ocultaba la verdadera naturaleza de la actividad que se desarrollaría en ella.