En el municipio de Santa Eulària existen en el actualidad un total de 1.262 ilegalidades urbanísticas derivadas de la apertura de 1.036 expedientes, según el proceso de regularización iniciado en todos los municipios del país por el Ministerio de Hacienda a través de la dirección general del Catastro y en colaboración con los propios ayuntamientos.

Este proceso, que se inició en 2013 y acaba de finalizar, no afecta al valor catastral de lo ya registrado y persigue procurar que la «descripción de los inmuebles concuerde con la realidad», esto es, que las construcciones (viviendas, añadidos, piscinas, balsas de riego e incluso reformas, rehabilitaciones o cambio de uso de inmuebles) que existen en cada municipio estén registradas en sus respectivos ayuntamientos y en el Catastro.

Debido a la complejidad de este proyecto, los ayuntamientos no han recibido todos a la vez el resultado. Este diario ya publicó los datos correspondientes a Sant Josep y Sant Antoni. En el caso josepí, el rastreo urbanístico detectó un total de 3.019 irregularidades, que representan un incremento del valor catastral del municipio de un 11,61%, lo que se traduce en un total de 254,1 millones de euros extraordinarios. Esta cifra eleva el valor catastral de Sant Josep hasta los 2.210.000.000 euros.

En cuanto a Sant Antoni, la inspección catastral localizó 1.968 incidencias que no estaban registradas en el departamento de Urbanismo.

Se da la circunstancia de que en toda la isla de Menorca el catastro desveló poco más de 2.500 irregularidades. En Ibiza, contabilizando sólo Sant Josep, Sant Anton, Santa Eulària y Vila, la cifra de ilegalidades urbanísticas asciende a poco más de 6.100.

Suelo rústico y urbano

En Santa Eulària, y según informó el propio Ayuntamiento (el Catastro facilita la información final a cada municipio para que incorpore las irregularidades detectadas a su urbanismo), de los 1.262 inmuebles se han legalizado 1.080, de ellos 197 en suelos urbanos y 883, en rústicos.

De este total, el 62,4% son expedientes por ampliaciones no regularizadas, el 20,87% por nuevas construcciones y el 14,92%, por la construcción de piscinas sin licencia.

Como casos residuales, el 0,8% son por cambios de uso de construcciones sin permiso y el 0,38%, por reformas llevadas a cabo sin la preceptiva licencia municipal.

El afloramiento de estas irregularidades urbanísticas representa un incremento en la recaudación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) para Santa Eulària de 47,48 millones de euros, lo que representa el 1,47% del valor total del municipio, que aplicando una simple regla de tres permite fijar en 3.229 millones de euros.

Desde Hacienda matizaron que esta inspección «no legaliza nada» porque la política de ordenación urbanística depende de los ayuntamientos. «Esto no vale para legalizar nada», reiteraron.

En este plan, el Ministerio «ha ido de la mano» con los ayuntamientos en un «trabajo muy completo con las fotografías aéreas, el cotejo de datos municipales y las visitas de campo», indicaron desde este departamento.