Vila negocia con todos los okupas de sa Penya a una semana del desalojo

También se ha atendido a las otras seis familias (12 adultos y seis niños) que se desalojará en una segunda fase. En este caso todas acudieron al encuentro con los servicios sociales. Estas ocuparon las casas después de la primera sentencia del TSJB que avala la actuación del Ayuntamiento en el resto de la manzana y que recurrieron con posterioridad su desalojo, por lo que el tribunal tiene pendiente de examinar aún su caso, que ya está «en sede judicial», en un fallo que el Consistorio espera que llegue «rápido» y en el mismo sentido que el anterior, declaró Tur.

El edil matizó que el número de personas que se verán afectadas por los desalojos (medio centenar en la primera fase) «fluctúa de un día para el otro». De hecho, hace un par de semanas se detectó «a dos hombres» que ocuparon una de las viviendas vacías en esa manzana y los servicios sociales han contactado ya con ellos para ver su caso. Otro ciudadano de la Europa del Este «aceptó marcharse» del piso que había okupado con la asistencia del equipo social, contratado «haciendo un sobreesfuerzo», para este caso. Se trata de dos personas que trabajan a tiempo completo en el contacto con los okupas de la UA-27 y cuya contratación costará 18.000 euros al Ayuntamiento.

Tur recordó que el Consistorio abonó en su momento más de dos millones de euros en expropiaciones para recuperar este espacio degradado, con infraviviendas de 25 metros cuadrados, y rehabilitarlo como viviendas de protección oficial. Al menos cuatro personas que ya fueron indemnizadas entonces volvieron a ocupar ilegalmente las casas y de nuevo aparecen en la lista de desalojos que se ejecutarán entre el 26 y el 27 de abril. También hay otras tres personas que tenían contratos de alquiler en vigor cuando se acometió la expropiación y por ello recibieron ayuda del Ayuntamiento para encontrar otro piso.

El concejal describió la situación con los okupas como una «negociación complicada en la que cada parte juega sus cartas». Aunque matizó que los servicios sociales «no están teniendo obstáculos importantes», por lo que se mostró optimista sobre la posibilidad de que al menos parte de los afectados acepten la ayuda que les ofrece Vila. Prevé, por ello, que los desalojos se vivan como «un proceso fluido, pacífico y tranquilo».

El Ayuntamiento, según detalló Tur, no puede ofrecer «una solución política» a los desalojados, según insistió Tur. «La interlocución con ellos corresponde a Bienestar Social», que está ofreciendo soluciones a los afectados; como ayudas económicas temporales para afrontar un alquiler o el coste de los suministros. También se están mirando en algún caso «soluciones habitacionales» fuera de la isla para volver a sus lugares de origen donde tengan familiares, «pero siempre como una posibilidad, en ningún momento se obliga a nadie» a marcharse de la isla. En otros casos, el Ayuntamiento se ofrece a asumir la mudanza para que puedan instalarse «con familiares o en otro piso en Vila», señaló.

A las personas que van a ser desalojadas también se les ha ofrecido ayuda para llevarles sus enseres a otro lugar. La oferta es válida hasta el próximo lunes, con la advertencia de que todo el mobiliario que permanezca en las casas el día de los desalojos se considerará un residuo y se procederá a su retirada. También se requisarán los animales que se intervengan en el dispositivo y se aplicará lo previsto en las ordenanzas municipales.

El Ayuntamiento aplica ya un refuerzo de la vigilancia en sa Penya que se mantendrá tras los desalojos para evitar nuevas ocupaciones. Tras recuperar la UA-27 se tapiarán las viviendas y reducirá a escombros el interior para dejarlas inhabitables hasta que se pueda iniciar su reforma.