El equipo de gobierno de Sant Josep fue el blanco de las críticas tanto de resto de partidos de la Corporación como de la Asociación de Concesionarios de la Zona Marítimo Terrestre, por el sistema elegido este año para adjudicar los lotes de playa en el municipio: la subasta a mano alzada. Todos salvo Guanyem coinciden en que ha dado alas «a la especulación», con precios que han dejado en la estacada «a las familias que vivían de las concesiones».
Por otra parte, la formación asamblearia se vio obligada a salir a «desmentir» al equipo de gobierno, que aseguran que ha señalado a Guanyem como los «culpables de todos los puntos polémicos del pliego» de la nueva adjudicación. Por eso acusan de «mala fe» al PSOE, que les atribuye «un falso poder» porque las bases de la subasta se aprobaron «en junta de gobierno» y sin debatirlas con este partido.
De hecho, señalaron que siempre han rechazado «que la única condición para obtener cualquier lote fuera estrictamente económica». Además añaden que «pese a intuir que el PSOE podría aprobar el documento en solitario (como hizo), hicimos una serie de propuestas que no adoptaron ni en una pequeña parte» y remiten a una rueda de prensa este viernes para aportar documentación que lo prueba.
«Negocios paralelos»
El presidente de la Asociación de Concesionarios de la Zona Marítimo Terrestre, César Jerez, asegura que la subasta a mano alzada del dominio público no se practica «en ningún otro lugar de España» y provocó que se pagaran «barbaridades» por los lotes. Jerez cree que para quien paga precios tan altos «el interés no está en las hamacas, tiene negocios paralelos».
También advierte de que la costa de la isla «acabará en manos de mafiosos» si otros ayuntamientos siguen el ejemplo de Sant Josep.
Para el PP, la subasta derivó en un «espectáculo lamentable», según su portavoz, Neus Marí, quien considera que al final esta ha sido la subasta «más millonaria y menos social» de cuantas se han hecho.
Los populares ya advirtieron cuando se preparaba el pliego de que sería «perjudicial al provocar un encarecimiento de los servicios».
El resultado es que el coste que se ha pagado por los lotes hace las concesiones «inviables económicamente con las hamacas y los precios propuestos», insistía Marí. Lo peor, valora la popular, es que han quedado fuera de las playas «la gente de aquí, con concesiones de hace años frente al capital de nuevas sociedades especulativas».
La portavoz conservadora recalca que al no haber un tope en la subasta, «se fomentó la especulación» con «unas bases demasiado abiertas». Marí recalca que hay lotes que solo en tasas municipales pagarán «3.000 euros por hamaca y por año», con lo que los concesionarios «o pondrán más tumbonas de las permitidas o las cobrarán más caras».
En Alternativa Insular consideran que «se ha cambiado dinero por un desastre social», porque la subasta acabó con el negocio de muchas familias del municipio que vivían de estas concesiones. «Es alucinante que por una mesa y una silla que salían por 500 euros se pagaran 8.000», insiste el portavoz de esta formación, Vicent Torres. También vaticina «una crisis de funcionamiento» en las playas este verano, «con roces entre vecinos de concesión, malentendidos y mal servicio».
Torres alberga «dudas» sobre si no existen mecanismos para controlar «que en las alzas ´temerarias´ no se pueda examinar la solvencia real de quien está pujando». Incluso «se podría entender» que alguien como el empresario canario Mahy Marrero, pendiente de una sentencia por narcotráfico, acudiera «con la única intención de reventar precios en las concesiones por encima de lo sostenible».
´Agustinet´ defiende el proceso
El alcalde de Sant Josep insiste en la «claridad, limpieza y buena organización» de la subasta de los lotes de playa, que por primera vez se hizo a mano alzada. Josep Marí Ribas, Agustinet, admite que los precios que se pagaron por algunos lotes se situaron en algunos casos en niveles de «locura». Pero aunque acepta que el sistema es «mejorable», también insiste en que «no hay manera de hacerlo más ajustado a la ley».
«Lo que subastamos son concesiones para explotar negocios dentro de un dominio público», insistió ayer en respuesta a las críticas que se escucharon ya durante la subasta. Agustinet añadió que también en sobre cerrado se habrían podido dar pujas tan altas, porque «ya ocurrió en 2008», cuando «concesionarios que lo eran desde los años 60» perdieron sus lotes.
El alcalde recalca que se cumplió el objetivo de defender «el interés público del municipio», que ingresará un total de 9,2 millones de euros hasta 2017 (4,6 millones anuales) a través de los cánones que se comprometieron a pagar los nuevos concesionarios.
«La locura de algunos precios no implica que se incurra en ilegalidades» en la explotación de los lotes, opinó sobre la complicada viabilidad económica de las adjudicaciones más caras. También reiteró que «la Policía ha de perseguir a quienes no cumplan la legalidad, no puedo ir más allá».
«Tampoco se exige el certificado de antecedentes penales para entrar en la sala de plenos, si no igual habríamos sido algunos menos», valoró respecto a la presencia de Marrero, que presionó muy al alza las subastas de varios de los lotes, entre ellos el más caro, adjudicado por 355.000 euros.
