El exalcalde del Ayuntamiento de Sant Antoni, actual portavoz de la oposición y senador por las Pitiusas, José Sala, y el exconcejal de Obras, Vicent Costa, Maymó, han sido citados a declarar como imputados el 30 de noviembre (a las 12.30 y 13 horas, respectivamente) por la juez titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza, María Luisa Bustillo, dentro de las diligencias que lleva a cabo tras la querella de Subsuelos Urbanos S.L., la empresa concesionaria del aparcamiento subterráneo de la plaza de España, por un supuesto delito de «prevaricación administrativa».
Inicialmente Sala y Maymó no estaban encausados, pero el pasado 3 de junio el denunciante, Pedro José Espigares, administrador de Subsuelos Urbanos S.L., amplió la querella y la dirigió también contra Sala y Costa y pidió su declaración como imputados. Espigares aseguró ayer que aún no había sido informado de que la ampliación de su querella había sido admitida, por lo que declinó hacer declaraciones hasta que hable con su abogado.
El denunciante decidió ampliar su querella tras las declaraciones de la exalcaldesa Pepita Gutiérrez y los exconcejales Vicent Ribas, Mestret, y José Torres el pasado 25 de mayo, justo un día después de las elecciones.
En el caso de Sala, al ser senador por las Pitiusas, tiene la condición de aforado, por lo que, en caso de seguir adelante el procedimiento contra él, la causa tendría que pasar al Tribunal Supremo.
Argumentos del denunciante
La ampliación de la querella presentada por Espigares y admitida por la juez Bustillo el pasado 24 de agosto se basa en la negativa del equipo de gobierno de Sant Antoni a cerrar los aparcamientos disuasorios que incumplen la normativa y cuyo funcionamiento provoca «la ruina» del aparcamiento subterráneo de pago, según el administrador de Subsuelos Urbanos S. L., aparte del hecho de que el Consistorio exima a sus propietarios, como contraprestación por la cesión de sus terrenos, del pago de impuestos.
El denunciante insiste en que cuando Sala era alcalde ya se comprometió a cerrar dichos aparcamientos y que su sucesora [Gutiérrez] también lo hizo, aunque ella lo negó ante el juez cuando declaró como imputada el pasado 25 de mayo. Precisamente ese mismo día, se puso de manifiesto que el exedil de Obras era quien gestionaba en el pasado mandato los aparcamientos públicos del municipio.
Una semana después, el aparcamiento subterráneo de la plaza de España de Sant Antoni reabrió sus puertas después de siete meses después de que cesara su actividad por falta de recursos económicos. Sin embargo, dos semanas antes de que la empresa concesionaria retomase su actividad, los propietarios de plazas de aparcamiento (la mayoría pertenecen a Es Nàutic) utilizaban ya las instalaciones como si fuera un garaje privado. A pesar de que esta instalación ha funcionado ininterrumpidamente desde 2008, el Ayuntamiento de Sant Antoni le ha otorgado recientemente la licencia de apertura y funcionamiento.
Postura del tripartito
Por su parte, el nuevo gobierno tripartito de Sant Antoni (PSOE, Reinicia y El PI) se negó también a cerrar los aparcamientos disuasorios, en contra de lo que reclama el administrador de Subsuelos Urbanos S.L. y que ahora se encuentra en concurso de acreedores. El edil de Urbanismo, Juanjo Ferrer, defiende que los técnicos le confirmaron que los aparcamientos disuasorios «no son irregulares ni contrarios a normativa», al tiempo que señaló que las condiciones que marca la normativa se refiere si acaso a espacios «cerrados».
En contraposición, Espigares subrayó que el artículo 260 del PGOU (el texto refundido de 2001) indica que «los aparcamientos al aire libre» deberán protegerse mediante «pérgolas, cubiertas de vegetación o arbolado», contar con «adecuadas instalaciones para recogida y evacuación de las aguas pluviales» para evitar encharcamientos», estar «vallados» y dotados con «extintores de incendios.
Además, el querellante sostuvo que «no hay ningún parking que lo cumpla» y lamentó que «el Ayuntamiento lo permita». También denunció de nuevo que, a cambio del uso de los solares, el Consistorio exime a sus propietarios del pago de impuestos.
La anterior alcaldesa, Pepita Gutiérrez, dijo en su día que los parkings que incumplieran la normativa tendrían que «arreglarse», pero seguirían funcionando.
