Opinión | Tribuna

El problema que se nos viene

Al terrible problema de la vivienda que padecemos en la isla se le ha ido sumando una nueva derivada que puede acabar agravándolo aún más: la okupación de hogares para especular con ellos. Hace unos días, la historia de la influencer okupa de un piso de Sant Antoni que subalquilaba habitaciones se viralizó por todo el país y también hemos asistido al drama de la familia ibicenca que ha tardado doce años en recuperar el restaurante Sa Seni de Cala Mastella, donde vivían alrededor de veinte personas. A saber cuánto pagaban algunas de ellas por residir allí.

En el pasado, asimismo, se han vivido otros episodios igualmente mediáticos, como, por ejemplo, el del complejo donde se asienta el mercadillo hippy de Punta Arabí, donde también se había instaurado un negocio ilegal de alquiler de viviendas okupadas. Al final tuvo que venir una especie de ejército de paramilitares y tomarse la justicia por su mano, para que la propiedad pudiese recuperar la urbanización, lo que constituye un verdadero disparate y una lamentable anormalidad en un estado de derecho.

La intricada situación de emergencia social que se está viviendo en la isla, con la carencia de viviendas, es el caldo de cultivo perfecto para la expansión de mafias que se dedican a especular con propiedades ajenas, aprovechando los vacíos legales que existen en la legislación española y, sin duda, es uno de los problemas que se avecinan y que van a agravarse con el paso del tiempo.

La tipología de okupas es muy variopinta y en algunos casos se trata de personas que acceden legalmente a una vivienda y dejan de pagar el alquiler por falta de recursos. A veces tienen a personas dependientes, como hijos o ancianos, pero la realidad es que esa función deberían asumirla los servicios sociales y no los propietarios de los inmuebles, que a lo mejor también están pagando una hipoteca por su propiedad y no tienen la culpa de la situación de sus inquilinos.

En otras ocasiones, sin embargo, esta táctica la emplea gente desalmada. En Menorca se acaba de detectar una mafia que ocupa chalets y después cobra alquiler por ellos. Otros simplemente hacen negocio realquilando las habitaciones de una casa cuyo alquiler han dejado de pagar. Todo ello constituye una situación intolerable que se debe impedir por todos los medios.

En Ibiza existe una importante cantidad de propietarios que no alquilan por miedo a que les suceda algo similar. Saben que en ese caso sólo pueden iniciar un rosario judicial que en nuestro país dura una media de 20 meses, en los que sus inquilinos seguirán gastando agua y luz, sin pagarles un céntimo, y con el agravante de encontrarse su inmueble probablemente destartalado al final del proceso.

Permitir o facilitar la okupación no puede ser la respuesta política a la escasez de vivienda a precios razonables y la izquierda tiene un gran complejo con esta cuestión. La derecha, sin embargo, tampoco la ha resuelto cuando ha tenido oportunidad de hacerlo.

Si los propietarios de viviendas tuviesen una mayor seguridad jurídica para poder recuperar su vivienda en caso de okupación o impagos reiterados, de una forma sencilla y rápida, muchos hogares ahora vacíos volverían a estar en el mercado.

La okupación de una primera residencia se soluciona rápido, pero cuando ocurre en segundos hogares, si han transcurrido 48 horas desde el acceso a la vivienda, ya es imprescindible la autorización judicial para el desalojo, eternizándose el proceso. El okupa, en este caso, comete un delito leve de usurpación de inmuebles y ya existen tácticas para incluso superar el periodo de 48 horas. Les basta con pedir comida a domicilio, esperar a que llegue el repartidor junto a la puerta y proceder a okupar la vivienda dos días después, cuando ya tienen un ticket que acredita que viven en el inmueble desde hace más de dos días.

Convendría que los partidos políticos se pusieran de acuerdo en esta cuestión y modificaran las leyes para que los vacíos legales que ahora aprovechan los especuladores de viviendas okupadas desaparezcan. Obviamente, acompañando la medida de soluciones para quienes realmente están en una situación de desamparo. En países tan democráticos como el nuestro, como Alemania, Gran Bretaña, Francia o Italia, el problema se soluciona en horas, días o semanas; no en años, y no se requieren paramilitares.

La escasez de vivienda en Ibiza representa una magnífica oportunidad de negocio. El primer paso ha sido especular con inmuebles familiares alquilándolos como viviendas turísticas. El siguiente va a ser realquilar casas okupadas. Ya está ocurriendo y es cuestión de tiempo que el fenómeno se dispare. Hace unos días, un okupa se preguntaba cómo es posible que la gente venga a Ibiza a vivir en una autocaravana, con lo fácil que es acceder a una casa por la fuerza y lo difícil que resulta que te echen. Pues eso.

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