Medidas que no solucionan el problema de la vivienda

El Govern presidido por Marga Prohens ha anunciado esta semana las líneas maestras del decreto con el que se propone empezar a combatir al grave problema de la falta de vivienda en las islas y su precio disparado. Las medidas tienen como objetivo que aumente el número de viviendas disponibles de precio limitado por la Administración o protegidas, sin consumir más territorio. Según los planes anunciados por el Govern, se permitirá el cambio de uso a residencial de inmuebles turísticos y locales comerciales o administrativos, así como el aumento de las densidades máximas (es decir, reducir el tamaño de los pisos, hasta un mínimo de 60 metros cuadrados) e, incluso, el incremento de la edificabilidad en altura. En todos los casos, las nuevas viviendas tendrán que ser de precio limitado, tanto para el alquiler como para la compraventa, aunque lo que no ha precisado el Govern es por cuánto tiempo. Es decir, si después de un plazo determinado, esas viviendas podrán salir al mercado libre y venderse o alquilarse sin ninguna limitación de precio.

Pero lo que llama especialmente la atención es que en la información que difundió el Govern el martes no se hiciera la más mínima mención a si va a adoptar alguna medida para evitar que todas esas nuevas viviendas acaben destinándose de forma masiva (e ilegal) al alquiler turístico, que es el verdadero origen del problema. Da la sensación de que el PP de Marga Prohens se ha dejado llevar por el deseo de dar una imagen más efectista que eficaz, de rapidez de actuación, en sintonía con el sector de los promotores y constructores, que reivindican tradicionalmente más facilidades para edificar nuevas viviendas como única solución para reducir el precio de los pisos. Pero ¿de verdad el problema es la falta de vivienda construida en las islas? ¿No será más bien su desvío masivo al alquiler turístico, es decir, la especulación que se hace con ella?

Las medidas anunciadas por la presidenta del Govern, Marga Prohens, y la consellera de Vivienda, Marta Vidal, adolecen de un diagnóstico riguroso de la situación actual que determine el alcance de esa oferta ilegal (es decir, cuántas viviendas que deberían dedicarse al alquiler para residentes y trabajadores de temporada se están arrendando a turistas en plataformas como Airbnb) y su impacto en el mercado del alquiler. Además, y no menos importante, es necesario saber cuántas viviendas están cerradas y cuáles son las razones por las que los dueños no las alquilan: miedo a los problemas con los inquilinos, al impago, al realquiler, falta de garantías y apoyo de la Administración, entre otras.

Construir más viviendas no necesariamente supondrá una bajada del precio del alquiler, pues si no se controla de forma muy eficaz a qué se destinan, solo servirá para dar muchas más posibilidades de negocio a los especuladores e incrementar la oferta ilegal. Si bien es cierto que aún quedan por conocer muchos detalles del decreto que regulará estas medidas, no deja de ser inquietante que ni siquiera se haya apuntado cómo se evitará el fraude. Hasta el momento, el alquiler turístico ilegal en las islas sigue gozando de una desconcertante impunidad, debido a la dificultad para ejercer un control real y para sancionar de forma ejemplificante.

Por otra parte, reconvertir locales comerciales o turísticos en viviendas, o aumentar la altura de los edificios, puede poner en el mercado más inmuebles, pero, aparte de asegurar también su verdadero destino y que no acaben formando parte del problema que se pretende resolver, representa un impacto sobre la fisionomía, la vertebración y el tejido social de las poblaciones, donde la ordenación urbana tiene un sentido con el fin de lograr una conciliación de los diferentes intereses. Viviendas residenciales en zonas turísticas, comerciales o incluso en polígonos industriales (como lamentablemente hay en Eivissa debido al caos urbanístico y a la indolencia secular a la hora de ordenar el territorio) son un foco seguro de problemas y de crispación social. A falta de los detalles del decreto del Govern, lo que se ha dado a conocer hasta ahora -quizá a modo de globo sonda- tiene más sombras que luces. La precipitación sobre un tema de tanto calado puede llevar a errores que agraven todavía más el gigantesco problema de la vivienda en Balears.

DIARIO DE IBIZA