El PGOU de Vila: una tomadura de pelo más de Recursos Hídricos

Es difícil explicar el poder de decisión que tiene actualmente la dirección general de Recursos Hídricos como órgano de la Administración Hidráulica de las Baleares. Dos apuntes previos: en primer lugar, es evidente que no es fácil la gestión de una competencia sobre el dominio público del agua, transferida hace 30 años con poca infraestructura de medios personales y materiales y con muchas obligaciones impuestas a esta Administración por la directiva marco del agua de la Unión Europea del año 2000 y su trasposición a la legislación española, pero en nuestra isla creo que se podía haber hecho mejor; y en segundo lugar, estas obligaciones legales suponen un poder de decisión muy importante que nos afecta todos, tanto a las administraciones locales como a los administrados, empresas y ciudadanos.

Lo hemos podido ver en un caso que está de actualidad y al que quiero referirme hoy. Se trata del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Vila, algo que en apariencia no preocupa a los ciudadanos pero que les afecta muy directamente, porque el mayor problema en nuestra isla es el acceso a una vivienda digna y a un precio asequible. Los equipos de gobierno del PSOE de Xico Tarrés, Lurdes Costa y Rafa Ruiz intentaron tramitar un nuevo PGOU que, reduciendo bastante el techo de población previsto, permitiese aumentar el patrimonio municipal de suelo para destinarlo a la construcción de vivienda de protección oficial (VPO) y a su vez condicionar los desarrollos urbanísticos privados a la construcción de un mínimo del 30% de VPO.

Durante el mandato de Xico Tarrés se logró en 2003 el suelo y el proyecto de Ca n’Escandell, un suelo urbano para 550 viviendas de VPO con un parque público de 100.000 m2 y equipamientos deportivos y docentes. En la etapa de Lurdes Costa se promovieron más de 50 VPO y se inició la revisión del PGOU, que culminó con su aprobación definitiva en 2011, incluyendo una rebaja del 40% del techo poblacional y la obligación de incluir un 30% de VPO en las promociones urbanísticas privadas además de los equipamientos necesarios; sin embargo, en 2013 una sentencia del Tribunal Supremo declaró nulo el nuevo PGOU por un defecto de forma y no de fondo.

El actual alcalde, Rafa Ruiz, inició la tramitación de la nueva revisión del PGOU con los mismos objetivos de fondo y cumpliendo con el requisito formal exigido por el Supremo. Así, se suspendió el planeamiento de 1987 que había vuelto a quedar vigente, se realiza el avance del plan y se aprueba inicialmente, remitiéndose a la Comisión Balear de Medio Ambiente para que formule la Evaluación Ambiental Estratégica. Es en este trámite cuando se produce algo inexplicable, pero que paraliza la tramitación del nuevo Plan General: según la dirección de Recursos Hídricos, aunque el Ayuntamiento pretende rebajar de 120.000 a 70.000 habitantes el techo de población del municipio previsto en el planeamiento urbanístico, resulta que no dispone de suficiente abastecimiento de agua. En 2009, la propia Comisión Balear de Medio Ambiente ya había decidido no permitir el desarrollo del PGOU hasta la entrada en servicio de la nueva depuradora de sa Coma, pero no planteó ninguna objeción ni puso ningún reparo sobre el abastecimiento de agua, ya que desde 1993 el municipio de Ibiza se abastece en un 95% de agua desalada.

Es verdad que el Plan Hidrológico establece que Recursos Hídricos tiene que emitir informes preceptivos sobre el abastecimiento de agua a los nuevos desarrollos urbanísticos, pero en este caso el Plan General no preveía crecimiento urbanístico, sino una reducción importante del que se permitía hasta entonces. Por tanto, en mi opinión Recursos Hídricos se extralimitó en su función. Es más, obtuvo el dato de consumo para el nuevo techo poblacional, a razón de una dotación de 250 litros persona y día, y preguntó a Abaqua, el ente que controla la gestión de las desaladoras, por la disponibilidad de agua desalada en los tres meses de temporada alta. Y ahí salta la sorpresa: faltaban 2.500 m3 diarios durante esos tres meses y habría que utilizar los antiguos pozos municipales, que extraen el agua de una masa sobrexplotada y salinizada de sa Serra Grossa, la mayor de la isla, de la que se abastecían los municipios de Vila, Sant Josep y Santa Eulària.

La tramitación siguió ese curso tan eficiente y se obligó al Ayuntamiento a aprobar un Plan Municipal de Gestión Sostenible. Y como los pozos municipales son ilegales, con usos agrarios y caudales concedidos inferiores, le obligó a tramitar de nuevo las concesiones con los aforos correspondientes, exponiéndose a que, al tratarse de una masa de agua en mal estado, para autorizar más caudales hubiera que suprimir otros -y que se indicara cuáles serían- para compensar.

Recursos Hídricos tiene que hacerse notar y utiliza el viejo método de crear un problema donde no existe para después solucionarlo a su manera, imponiendo condiciones y sin tener en cuenta las consecuencias que se puedan derivar para terceros, como el Ayuntamiento en este caso. Las condiciones, como la del plan municipal de gestión en nuestro caso, no tiene sentido en la isla de Ibiza, con solo cinco municipios, una red de interconexión insular del agua desalada que producen las tres desaladoras y con las masas de agua distribuidas geográficamente sin tener que ver con los municipios. Lo único sensato es tener un Plan Insular de Gestión Sostenible incorporado al Plan Territorial Insular, la norma principal de ordenación de Ibiza, porque el agua es clave en el territorio. Además, si hay un plan insular sólo hay un interlocutor con Palma y eso no les interesa, es más fácil para ellos tener cinco interlocutores que uno solo. La distribución de caudales diarios a cada ayuntamiento la impone Abaqua negociando por separado con cada ayuntamiento (como si nosotros no fuésemos capaces de decidirlo) y Abaqua a su vez fija los máximos y los precios. Tengamos en cuenta que Abaqua sólo compra agua desalada y la vende. Como se da la circunstancia de que el agua la compra a una empresa privada que la produce y ésta es también la que la compra como concesionaria del servicio municipal conocedora de las necesidades reales de consumo, es muy fácil saber la disponibilidad y posibilidades de ampliar de algún modo las plantas desaladoras para cubrir necesidades puntuales, o bien de qué masas de agua subterránea en buen estado se pueden extraer esos caudales sin sobreexplotar más los pozos en mal estado, al margen del municipio en el que se encuentren.

Hace pocos días se publicó que se había aprobado con informe favorable la Declaración Ambiental Estratégica Modificada de la revisión del PGOU de Vila. Es decir, se ha tardado casi 5 años en modificar la inicial, preceptiva para poder tramitar la aprobación definitiva y la entrada en vigor de la revisión del PGOU. ¿Qué es lo que ha pasado para que esto sea así? Sencillamente que a la dirección de Recursos Hídricos no le daba la gana emitir su informe favorable a la revisión, argumentando que el Ayuntamiento no tenía caudal suficiente para el abastecimiento de agua de los crecimientos urbanísticos previstos en esta revisión. Para que se tenga una idea de estos supuestos crecimientos previstos en la revisión, hay que tener en cuenta que el PGOU anterior, el del 87, tenía un techo de población de más de 120.000 habitantes, mientras que la revisión del planeamiento lo rebaja a 67.000 habitantes. Es decir, no se puso ningún reparo para el abastecimiento de agua a 120.000 habitantes, pero sí se han puesto objeciones para abastecer a una población considerablemente menor.

Ahora, después de cuatro años, resulta que se han corregido los volúmenes disponibles y sí se pueden autorizar a precario los caudales solicitados para los meses de julio, agosto y septiembre. Pero mientras tanto se cayó la suspensión del planeamiento y desde hace más de dos años está en vigor el PGOU de 1987, obligando al Ayuntamiento a asumir las responsabilidades patrimoniales que correspondan por denegar licencias a quienes las soliciten cumpliendo con el planeamiento. Todo un despropósito.

Y por si fuera poco, en esta tramitación Recursos Hídricos se ha permitido el lujo de decir que menos mal que han intervenido para evitar el desastre. Sólo queda decirles que muchas gracias por los servicios prestados. Si trata así a una Administración pública y para servicios básicos, es fácil imaginar cómo se está tratando los informes y solicitudes de particulares y empresas.

Emilio Pérez Echagüe | Ingeniero agrónomo

Suscríbete para seguir leyendo