El pasado martes, al abrir estas páginas, no me podía creer lo que leía. El 24% de las personas que trabajan en nuestras Residencias se niegan a vacunarse, con el evidente riesgo que ello supone para los internos que, por sus condiciones de edad y salud, son especialmente vulnerables. El disparate es de libro. Mientras los centros, con buen criterio, limitan a las familias el contacto con sus mayores al objeto de protegerlos, los trabajadores que mantienen con ellos un contacto diario, estrecho y directo, transitan a su aire sin estar inmunizados. ¿Alguien lo entiende? Sorprenden, por otra parte, los comentarios comprensivos, persuasivos y casi suplicantes, que el señor Arranz, portavoz del Comité de Gestión de Enfermedades Infecciosas de Baleares, hace a estos trabajadores antivacunas, rogándoles que recapaciten, que se den cuenta de la responsabilidad que tienen, que venzan sus dudas o miedos, que repiensen su postura y, en fin, que su actitud es muy triste.
Puedo entender el voluntarioso y buen talante del experto de la Conselleria, que, por supuesto, no puede obligar a que el recalcitrante personal de marras se vacune. Ni él ni nadie, por el momento, puede obligarles. La vacunación sigue siendo un acto voluntario de responsabilidad moral. Es cierto. Pero no caigamos tampoco en la ingenuidad y en la irresponsabilidad que los demás, particularmente las Administraciones, tienen y tenemos con relación al riesgo que esta situación supone para nuestros mayores, especialmente en un ámbito cerrado y en una situación todavía pandémica que no sabemos qué evolución puede tener a medio y largo plazo. A partir de aquí, aunque no se pueda obligar a estos negacionistas a vacunarse, -están en su derecho de no hacerlo-, sí se debería exigir a las residencias que, para trabajar en ellas, en situaciones de manifiesta gravedad como las que ahora vivimos, sea una condición indispensable que sus trabajadores estén vacunados. Contra el Covid y contra lo que haga falta. No podemos quedarnos en lamentar la situación y esperar con los brazos cruzados a ver qué pasa. Me imagino la indignación de las familias que tienen a un padre o a un abuelo en la situación que plantea la irresponsabilidad de este grupo de trabajadores.
