Dos de cada diez trabajadores de Balears son pobres. El informe Foessa que dio a conocer Cáritas el miércoles pone de manifiesto esta tremenda paradoja, que se da en unas islas de economía boyante que baten o igualan récords turísticos año tras año. Este exhaustivo informe, elaborado en toda España para conocer de forma objetiva la situación social del país, revela también que Balears es la comunidad autónoma en la que existe una mayor desigualdad entre ricos y pobres; es la tercera con más población en exclusión social (el 21% de los habitantes): 38.000 personas «viven una situación tan frágil que solo se preocupan por sobrevivir cada día», según el secretario técnico de la Fundación Foessa, Raúl Flores. Además, 211.000 personas se encuentran al borde del abismo, y un leve empujón (la crisis que se avecina) puede abocarlos a la exclusión social.

El informe Foessa apunta a una combinación dramática como causa de este panorama: los precios disparatados de la vivienda y el empleo precario. Ibiza ha desbancado a San Sebastián como la ciudad con la vivienda más cara de España: el metro cuadrado cuesta 3.709 euros en Vila, por delante de Donostia, con 3.601, según los datos publicados por el Ministerio de Fomento. Mucho más atrás quedan Barcelona y Madrid, donde el metro cuadrado se paga a 3.417 y 3.223 euros, respectivamente. Sin embargo, si analizamos la renta media bruta anual de los residentes, el municipio de Ibiza no aparece ni entre los 30 con más ingresos del país. La desproporción entre los dos datos es evidente, y refleja el alcance del problema de la vivienda, cuyos precios son astronómicos para unos sueldos que no se han incrementado en absoluto al mismo ritmo, sino que por el contrario han bajado.

Vila es además el municipio de España donde el precio de la vivienda se ha disparado de forma más vertiginosa, un 56,6% entre los años 2014 y 2019. Esto significa que hay que pagar el doble por un piso que hace solo cinco años. En el caso de Madrid, este incremento es también alto pero no tanto como en el caso ibicenco, y se sitúa en el 43%, y en Barcelona la subida ha sido del 35%.

Estas cifras dibujan un panorama que no por conocido es menos preocupante. Por si fuera poco, la insuficiente red pública de servicios sociales deja a estas personas sin apenas protección, o con ninguna. El informe Foessa denuncia también que el gasto en protección social en Balears se sitúa por debajo de la media española: 2.840 euros por habitante, frente a una media nacional del 3.215 euros. La situación en Ibiza y Formentera es especialmente precaria, pues la falta de recursos e infraestructuras es una carencia histórica que palian como pueden entidades como Cáritas o Cruz Roja y asociaciones de afectados. Alba Pau, Premio Diario de Ibiza a la Acción Social, criticaba esta semana en una entrevista que la falta de recursos públicos de ayuda en la isla es clamorosa y se encuentra muy por debajo de la península.

Ante esta situación, resulta más que chocante la defensa a ultranza de la desregulación del alquiler turístico de viviendas que diversos expertos (uno de ellos, de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia) realizaron en el V Congreso de Viviendas Turísticas de Ibiza, organizado por la Asociación de Viviendas Turísticas de Ibiza y Formentera. Cuando la codicia y la especulación sin freno provoca una carencia de vivienda residencial y un aumento desorbitado de los precios, que es lo que está pasando en las islas, especialmente en las Pitiusas, es obligación de las instituciones actuar para corregir la situación y evitar que miles de personas se queden en la cuneta de la sociedad; muchas que aunque tienen empleo no pueden pagar un alquiler o, si lo pagan, es tan alto que se lleva gran parte de sus ingresos y les impide llevar una vida digna. Hay que recordar que la vivienda es un derecho básico reconocido por la Constitución, que por el contrario, no incluye ningún derecho relativo a que los propietarios de viviendas puedan especular sin límite para ganar más y más. La visión parcial de quienes rechazan la regulación de las viviendas turísticas queda deslegitimada cuando se confronta a la visión global que da el Informe Foessa de Cáritas. Esta entidad reclama a la política que impulse soluciones y medidas que garanticen «el derecho básico y fundamental» a tener una vivienda y un empleo digno. Es urgente ponerse manos a la obra.

DIARIO de IBIZA