Leyes de concordia de PP y Vox

Pedro Sánchez: "No hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista"

El Gobierno extenderá a la ONU y Europa su ofensiva contra las derogaciones de leyes autonómicas de memoria

Pedro Sanchez, con el ministro Ángel Víctor Torres a su izquierda y el secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, recibe explicaciones del forense Francisco Etxeberria en su visita de este jueves al Valle de los Caídos.

Pedro Sanchez, con el ministro Ángel Víctor Torres a su izquierda y el secretario de Estado de Memoria, Fernando Martínez, recibe explicaciones del forense Francisco Etxeberria en su visita de este jueves al Valle de los Caídos. / / PRESIDENCIA

Juan José Fernández

“No hemos llegado hasta aquí para consentir la ola de revisionismo ultraderechista que recorre a las democracias más avanzadas del mundo, también a la española”, ha dicho Pedro Sánchez este jueves en Madrid, en la presentación de una exposición dedicada al novelista Luis Martín-Santos, y con esta afirmación el presidente del Gobierno ha hecho su segundo gesto de defensa de la Ley de Memoria Democrática en un solo día.

En el auditorio de la Biblioteca Nacional, ante intelectuales, periodistas, los hijos de Martín-Santos y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, Sánchez ha reafirmado su propósito de “defender la dignidad de la democracia española dentro de nuestras fronteras, pero también en Europa y en el resto del mundo”, y ha citado al Parlamento Europeo, el Consejo de Europa y la ONU, prometiendo: “Actuaremos en todas las instituciones nacionales e internacionales en defensa de la Ley de Memoria Democrática frente al negacionismo de los de siempre”

El Gobierno central desplegará en tres frentes su batalla contra el revisionismo de las autonomías gobernadas por alianzas PP-Vox y sus derogaciones de leyes de memoria: a los anunciados recursos ante el Tribunal Constitucional, se une este jueves una confirmación de actuar ante instancias internacionales. Además, ha comenzado también una escenificación de gestos públicos de compromiso con la Memoria Democrática, como el pronunciamiento en la tarde de este jueves o la visita en la mañana a las exhumaciones que se llevan a cabo en el Valle de los Caídos.

Naciones Unidas, el Parlamento Europeo y el Consejo de Europa serán las instancias internacionales -explican fuentes gubernamentales- ante las que el Ejecutivo quiere elevar la pelea con los gobiernos de Aragón, Comunidad Valenciana y Castilla y León.

En la ONU, por el compromiso declarado de la organización como emisora de los principios de Verdad, Justicia, Reparación y garantías de No Repetición que infunden todas sus actuaciones en materia de violaciones de derechos humanos.

Y en Europa, porque es en ese territorio donde encuentran los socialistas la utilidad de la contradicción: confrontar al PP con sus partidos hermanos europeos y poner de relieve la proactividad con que las formaciones de centroderecha francesas, alemanas, holandesas, austriacas... enjuician el pasado totalitario a diferencia de la formación española.

Guiños

En cuanto a los gestos, estos solo han comenzado, explican fuentes del Ejecutivo. El presidente Sánchez, acompañado por el ministro de Política Territorial y Memoria Ángel Víctor Torres y el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez, aparecía por sorpresa en la mañana de este jueves en el laboratorio del CSIC en Cuelgamuros (San Lorenzo de El Escorial) para el análisis forense de los restos que son exhumados de la basílica excavada bajo la Cruz de los Caídos y que reclaman160 familias. Ha sido una visita que no había sido difundida previamente.

En la misma jornada, por la tarde, tenía previsto otro guiño didáctico de la Memoria: acudir a la inauguración de la exposición en la Biblioteca Nacional 'Tiempo de Libertad', dedicada al autor de la monumental Tiempo de Silencio, socialista en la candestinida, preso en Carabanchel, miembro de la resistencia contra la dictadura.

Allí Sánchez ha intervenido en el debate que reavivan las derogaciones de la derecha deplorando el detalle en los proyectos de leyes de concordia de nombrar al franquismo sin calificarlo como lo que fue: "Una feroz dictadura; sí, dictadura, porque llamar a aquello de otra forma es una infamia, una aberración".

El presidente se ha referido a "unas décadas sombrías, que algunos ahora quieren embellecer con la peor de las trampas, que es reescribiendo la historia valiéndose de una memoria multilada, mancillando y deformando incluso el sentido de una de las palabras más hermosas de nuestra lengua española, que es la palabra 'concordia'".

Entre los gestos de altos cargos que han de venir no se descarta, según las fuentes consultadas, una presencia de ministros en Mauthausen el próximo 5 de mayo, recordando la liberación del campo de concentración que más cautivos españoles recibió, si bien "la agenda no está aún cerrada", explican en el departamento que dirige Ángel Víctor Torres.

A la ONU

El Gobierno va a recurrir ante el Relator especial sobre Verdad, Justicia y Reparación y al Relator de Ejecuciones Extrajudicales de Naciones Unidas las políticas de derogación de leyes de memoria histórica y sustitución por "leyes de concordia" impulsadas por Vox allá donde gobierna con el PP.

En la oficina del relator sobre Verdad ya hace tiempo que se acumulan dosieres sobre España. En 2014, cuando la anterior Ley de Memoria Histórica promulgada por Zapatero llevaba siete años de vigencia entre escollos nacionales y autonómicos, el entonces relator Pablo de Greiff hizo una gira por España, escuchó a familiares de fusilados y activistas y emitió un informe en el que puso de relieve el problema que ahora vuelve a aflorar. En la recomendación C de su dosier pedía "evitar disparidades profundas en las leyes relevantes al tema entre niveles autonómicos y nacional, asegurando una protección igualitaria y homogénea para todas las víctimas".

El relator Greiff instó al Estado a "mostrar un compromiso decidido por darle vigencia plena, con carácter prioritario, a los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición". Han pasado diez años, y ha muerto ya una buena parte de los familiares que esperaban recuperar restos de sus padres o hermanos fusilados u obtener reparaciones de sus consejos de guerra.

También diez años después de la redacción de aquellas conclusiones, el pasado 15 de febrero PP, Vox y el PAR apoyaban la derogación de la ley autonómica de memoria de Aragón. En este mes de marzo, los días 21 y 26, la campaña de "guerra cultural" de los partidos de derecha se materializó con proposiciones de "ley de concordia" en la Comunidad Valenciana y Castilla y León.

Hoy el relator de Verdad y Justicia es el argentino Fabian Salvioli, que tiene el mandato prorrogado. Entre los objetivos del cargo señala "fomentar la verdad y la memoria sobre pasadas violaciones" de los Derechos Humanos.

En Europa

Los socialistas españoles se moverán en el grupo parlamentario S&D para llevar al orden del día del Parlamento Europeo varias inciativas contra las políticas revisionistas o negacionistas de la dictadura y su represión emprendidas en Aragón y en vías de ser aprobadas en Valencia y Castilla y Léon.

Pero será ante el Consejo de Europa donde el Ejecutivo se mostrará más activo. Fuentes de Moncloa confirman que, además de pedir un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, se denunciará a los gobiernos aragonés, y si fuere preciso al valenciano y al castellano-leonés, por violación de disposiciones del Convenio de Derechos Humanos.

En este sentido, Moncloa quiere informar a la Secretaría General del Consejo y al comisario de Derechos Humanos del pulso que se está librando desde las tres autonomías contra los principios de la ley estatal de Memoria Democrática, especialmente en dos flancos: la condena expresa del franquismo como régimen dictatorial y la implicación de la Administración en la ayuda a familias y entidades en la busca y rescate de cuerpos de desaparecidos y asesinados en la retaguardia de la Guerra Civil y en la posguerra. A ambas entidades se les solicitará que el Consejo redacte un informe acerca de este choque en España.