El Gobierno se vuelca en la batalla cultural y rescata su estrategia de las generales contra PP y Vox

El Gobierno de Pedro Sánchez redobla su contraofensiva frente a la derogación de las leyes de memoria democrática en comunidades autónomas gobernadas por PP y Vox. Después de amenazar con recurrir al Tribunal Constitucional la nueva normativa aprobada por el Gobierno de Aragón y las previstas en Castilla y León y Comunidad Valenciana, el Ejecutivo ha anunciado que llevará su batalla a instancias internacionales. Entre ellas, Naciones Unidas y el Parlamento europeo. A dos meses de las elecciones al Parlamento Europeo, donde en Ferraz planean una estrategia similar a la de las últimas generales, en el Ejecutivo denuncian que el PP está siendo arrastrado por la ultraderecha a su agenda.

Según han informado fuentes de Moncloa, el Ejecutivo recurrirá al relator especial de la ONU sobre Verdad, Justicia y Reparación y al relator de Ejecuciones Extrajudiciales para que evalúen la conformidad de estas normas con "las mejores prácticas internacionales y los compromisos internacionales adquiridos por España en materia de derechos humanos". Además, el Ejecutivo promoverá el debate sobre estas leyes en el pleno del Parlamento europeo a través del grupo parlamentario socialista y se pondrá en contacto con el Consejo de Europa (organización intergubernamental de la que forman parte 46 estados europeos) para alertar de la "posible violación de varias disposiciones del convenio de derechos humanos".

Sánchez visita el laboratorio forense del Valle de los Caídos

Cuando la oposición intenta estirar el caso Koldo, con la comisión de investigación en el Senado como principal herramienta para extender el foco hasta la mujer del presidente del Gobierno por el rescate a Air Europa, el Gobierno se centra en el marcaje a los gobiernos regionales de PP y Vox. A las "cesiones" de los populares ante el partido de Santiago Abascal, acusándolos con las normativas que están poniendo en marcha de incumplir con el derecho internacional y blanquear el franquismo.

El Ejecutivo está entrando de lleno a la batalla cultural en el marco de la memoria histórica y, este mismo viernes, tras aterrizar de su gira en Oriente Medio y sin previo anuncio, Sánchez visitó el Valle de Cuelgamuros con el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. El mensaje es que el Gobierno garantizará el cumplimiento de la ley pese a la intención de varios ejecutivos autonómicos de coalición entre PP y Vox. Desde los recursos necesarios para ello, como es el caso de las exhumaciones, hasta la permanencia de los lugares de memoria y homenajes a los represaliados.

En la norma impulsada en las Cortes de Aragón se suprime el censo de memoria, las declaraciones de rutas democráticas, inventarios, el Centro de Investigación de la Memoria o las subvenciones y ayudas económicas. La polarización se ha convertido en una constante en la política española con el protagonismo de los asuntos que más la intensifican. 

Sin referencias a la "dictadura"

Entre otros aspectos, el Gobierno impulsará un debate urgente en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa para analizar la ley de memoria derogada en Aragón y las de "concordia" presentadas en la Comunidad Valenciana y Castilla y León. También contactará con la secretaría general del Consejo de Europa y el comisario de Derechos Humanos para informarles de la "gravedad de la situación" y solicitará un informe sobre la situación de la memoria democrática en España.

Aragón se convirtió el pasado 15 de febrero en la primera comunidad en derogar una ley autonómica de memoria democrática con el apoyo de los tres grupos presentes en el Gobierno: PP, Vox y PAR. A continuación, PP y Vox presentaron el 21 de marzo en la Comunidad Valenciana, donde gobiernan en coalición, una proposición de ley de la "concordia" que sustituirá a la actual ley autonómica de memoria y que, según Vox, eliminará los "términos guerracivilistas" y mantendrá la reparación de todas las víctimas. En la misma línea, el PP y Vox, que gobiernan juntos en Castilla y León, presentaron allí el 26 de marzo una proposición de ley de la "concordia" para sustituir el vigente decreto autonómico de memoria histórica.

Esta nueva norma no recoge una condena expresa a lo ocurrido entre la Guerra Civil y la Constitución española de 1978, al tiempo que suprime la palabra "dictadura" para referirse únicamente como franquismo al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia.