Sánchez y Feijóo acuerdan que la Comisión Europea medie en la renovación del CGPJ tras pedirlo el PP

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo iniciaron este viernes su cara a cara en el Congreso de los Diputados con las expectativas muy bajas. La reunión había venido precedida de numerosos desencuentros, en un momento en el que las relaciones entre el presidente del Gobierno y el líder del PP son aún peores de lo habitual, tras la investidura del primero, sus futuras reuniones con Carles Puigdemont y la moción de censura en Pamplona liderada por EH Bildu y apoyada por el PSOE que se celebrará la semana que viene. Pero la cita fue más fructífera de lo esperado. Sánchez y Feijóo salieron de allí con dos importantes pactos. 

Por un lado, volverán a explorar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cinco años caducado, algo inédito en democracia, debido a la negativa de los populares a llevar a cabo nuevos nombramientos sin que se reforme el sistema de elección de los vocales. Esta vez, a diferencia de otros intentos anteriores, habrá un nuevo actor en la negociación: la Comisión Europea ejercerá de mediadora entre ambos partidos, una propuesta de Feijóo que Sánchez aceptó. 

Normalidad institucional

“Todos somos conscientes de la anomalía democrática que sufre el CGPJ con un mandato caduco de más de 1800 días por el bloqueo del PP. Es un asunto urgente. Para tratar de desbloquear esta situación, hemos acordado una fórmula para que la Comisión medie y verifique. Todo lo que sea reestablecer la normalidad institucional y que el PP cumpla con la Constitución es más que bienvenido”, dijo en el Palacio de la Moncloa la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, quien pidió que las negociaciones se retomen sobre la base del principio de acuerdo de hace un año. 

Poco antes, en el Congreso, Feijóo había explicado que, como paso previo al traslado de su propuesta a Sánchez, sondeó de forma “discreta” a la Comisión, que se mostró a favor de ejercer de mediadora, una figura que está teniendo un enorme protagonismo en la recién estrenada legislatura. Al mediador entre el PSOE y Junts (el diplomático salvadoreño Francisco Galindo Vélez) y al que cumplirá la misma función entre ERC y los socialistas (aún por conocer) se suma ahora el Ejecutivo comunitario para intentar desatascar el CGPJ. 

No está claro todavía quién ejercerá esta labor por parte de la Comisión. El PP quiere que sea el comisario de Justicia, Didier Reynders, y el PSOE no lo ve mal. Al fin y al cabo, subrayan los socialistas, Reynders ya dejó clara hace unas semanas la necesidad de renovar el CGPJ. Pero también defendió que se avanzara hacia un nuevo sistema de elección que garantice una mayor independencia judicial, y es aquí donde el PP, partidario de un cambio de este tipo, suele poner el foco. 

En Génova sacan pecho de haber conseguido “mover las posiciones” aunque hayan tenido que buscar un agente externo que monitorice las conversaciones. Los esfuerzos recaen ahora en diferenciar la mediación de la Comisión Europea, por ser una institución pública de la que España forma parte, a otras figuras que trabajen entre el Gobierno y los independentistas. Lo que está claro es que el PP también necesitaba cambiar su postura de bloqueo total. "Estaban en un callejón sin salida", sostienen en la Moncloa.

Choque por el cambio legal

Pese a la novedad que supone que Sánchez y Feijóo acuerden algo, también hubo abundantes disensos en el encuentro: sobre las relaciones del Gobierno con Cataluña, la moción de censura en Pamplona, la financiación autonómica y la reforma o no de la ley para modificar la manera en la que son designados los 21 miembros del CGPJ.

Feijóo presiona para que ese cambio normativo se haga en paralelo a la renovación del órgano de gobierno de los jueces. Sánchez rechaza este enfoque. Sus colaboradores argumentan que la Comisión nunca ha ligado un hecho a otro, así que insisten en que lo primero es cambiar a los integrantes del CGPJ y después hablar de las futuras maneras de elegirlos. Ambas posiciones se plasmarán en una próxima reunión que mantendrán el vicesecretario de Asuntos Institucionales e Internacionales del PP, Esteban González Pons, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños, designado por el Gobierno para esta negociación a pesar de los recelos que suscita en las filas populares. 

Aun así, incluso en este terreno hubo señales conciliadoras. Sánchez, explicó Feijóo, “se comprometió” a no modificar las mayorías para elegir a los vocales del CGPJ en línea con lo que amagó con hacer en 2020 el Gobierno, una maniobra que después quedó en nada debido a la llamada de atención de la UE; ni a cambiar el peso que tienen el Congreso y el Senado para la designación. “Tengo su compromiso y le doy valor”, dijo el jefe de la oposición. Feijóo no suele pronunciar este tipo de frases sobre Sánchez, ni tampoco a la inversa, pero ambos dirigentes exploraron este viernes un terreno bastante desconocido: el del acuerdo. “Estamos encantados”, dijeron los colaboradores del presidente del Gobierno.

Reforma quirúrgica de la Constitución

Aunque todos los focos quedaron puestos en el CGPJ, del encuentro salió otro acuerdo relevante en tanto que implica una reforma, aunque quirúrgica, de la Constitución. Ambas partes acordaron cambiar el artículo 49 de la Constitución y eliminar la palabra “disminuidos” para referirse a personas con discapacidad. PP y PSOE consiguieron acercar posturas acerca de este asunto hace meses, pero el adelanto electoral de las generales impidió que cerrarlo.

Feijóo aseguró en su comparecencia que la previsión es que antes de que acabe el año, es decir, la semana que viene, los dos partidos podrían registrar una proposición de ley con la modificación pactada. El líder del PP trasladó al presidente sus condiciones expresas: mantener los términos acordados hace meses y comprometerse a que no habrá enmiendas que los dos partidos no compartan, ni un referéndum sobre esa reforma. Además, habrá un pleno monográfico para aprobar la iniciativa y a poder ser, en enero, a pesar de que es un mes inhábil en la Cámara.