Junts presiona para que el PSOE acepte una definición amplia de 'lawfare' en la ley de amnistía

Junts per Catalunya quiere cerrar un pacto con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Los negociadores posconvergentes confirman que no hay marcha atrás, que el escenario del no acuerdo es prácticamente imposible. Pero para certificar este entendimiento reclaman un redactado de la ley de amnistía que acepte una definición amplia de 'lawfare' para incorporar a cargos independentistas. Mientras tanto, el PSOE pide que este concepto de la presunta guerra sucia judicial por intereses políticos figure en la futura norma de manera estrecha, para que no se puedan colar casos que nada tienen que ver con el 'procés'.

¿Qué es el 'lawfare' al que se refiere Puigdemont y qué causas enmarca Junts en él?

Fuentes de la dirección posconvergente confirman a El Periódico de Cataluña, del grupo Prensa Ibérica, que la clave de todo radica únicamente en cómo queda reflejado el 'lawfare', sin citar casos concretos, para que pueda satisfacer a ambas partes y sea interpretado después por los jueces sin ambigüedades. Se trata de cuestiones muy "técnicas", subrayan los socialistas. Aquí se encuentra el motivo por el que la negociación se está demorando en los últimos días. El pasado jueves todo parecía preparado para sellar el pacto en Bruselas, donde se encuentra el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, pero desde entonces los avances han sido tímidos. Cada propuesta de una de las partes tiene que ser analizada al milímetro por el equipo jurídico de la otra.

Los negociadores de Junts enviaron el lunes al PSOE un papel en el que defendían su amplio concepto de 'lawfare' para que fuera incluido en la ley de amnistía, que ya ha sido pactada previamente con ERC. Los socialistas lo estudiaron con detenimiento, pero tuvieron dudas sobre su cabida dentro de la Carta Magna. Uno de los principales temores en el entorno del presidente en funciones es que el Tribunal Constitucional acabe tumbando la norma cuando esta sea recurrida por el PP.

La fecha de la investidura

El acuerdo, según la formación independentista, es cuestión de horas si el PSOE acepta sus propuestas. El resto, desde el mediador al estatus de Catalunya que quedará reflejado en la exposición de motivos de la ley, está ya pactado. El mensaje de fuentes conocedoras de la negociación es de tranquilidad. Si el PSOE quiere llevar a cabo un debate de investidura esta semana, como desean los colaboradores de Sánchez, Junts activará todos los mecanismos internos para hacerlo posible: reunión de la permanente (que se ha producido dos veces en Bruselas en los últimos días, sin que haya podido bendecir el pacto), consejo nacional y consulta a las bases del partido durante 24 horas. Junts tiene preparado el dispositivo digital para la consulta telemática.

El PSOE y Junts se estancan y no preven un acuerdo inminente

Pero la posibilidad de que la reelección de Sánchez tenga lugar en los próximos días se va difuminando conforme pasan las horas sin que se cierre el entendimiento. Todavía no está descartada, pero cada vez resulta más difícil, dada la lentitud de las negociaciones. Los socialistas, de hecho, empiezan a contemplar la semana que viene como escenario más probable. "Un poquito de paciencia. Unos cuantos días no son nada cuando se trata de formar un Gobierno para cuatro años. Cuando tengamos el acuerdo, pondremos la fecha de la investidura", explican los negociadores del PSOE, que ahora rebajan la urgencia e insisten en que hasta el 27 de noviembre hay tiempo para el pacto. Si ese día no ha sido reelegido Sánchez, se convocarían automáticamente nuevas elecciones generales, para que los ciudadanos voten el 14 de enero del año que viene.

¿Borràs y Boye?

Sobre la posibilidad de que esta definición de 'lawfare' pueda beneficiar a la presidenta de Junts, Laura Borràs, condenada a 4 años de cárcel por amañar contratos, y a Gonzalo Boye, abogado de Carles Puigdemont investigado por presunto blanqueo de capitales de la red de narcotráfico de Sito Miñanco, de quién también fue abogado, JxCat defiende que ambos casos responden a una guerra sucia judicial. Al mismo tiempo, las fuentes consultadas aclaran que su objetivo último no es el de salvar a estos dos colaboradores del expresident de la Generalitat.

Junts mantiene un silencio total que incomoda a ciertos sectores del partido que carecen de información detallada sobre el minuto a minuto de las negociaciones. Con todo, se mantiene el blindaje y el cierre de filas, más allá de las especulaciones de las distintas sensibilidades de la formación. Los más radicales se preguntan si el pacto será "histórico", como reclamó Puigdemont en su conferencia del pasado 5 de septiembre. Los más pactistas se preguntan cómo el expresident argumentará su paso a la vía del diálogo y la negociación tras años abanderando tesis muy críticas con este camino.

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